Las reformas en la ley de pesca incluidas en la Ley Ómnibus que impulsa el presidente Javier Milei, generaron un fuerte rechazo de los gobernadores e intendentes patagónicos, dirigentes de diferentes partidos políticos, cámaras empresarias y sindicatos chubutenses. Ante esta reacción, el Gobierno afirmó que está "abierto al diálogo". La negociación continúa esta tarde en una reunión con el ministro del Interior, Guillermo Francos, en Casa Rosada.

"Sorprende la torpeza con la que se avanzó sin haber consultado al empresariado que genera muchísimos dólares para la Argentina. Hay miles de puestos de trabajo que están en riesgo con esta medida", criticó Ignacio Torres, el gobernador de Chubut, desde la entrada a Casa de Gobierno.

El mandatario impulsó una carta pública que lleva la firma de mandatarios de la Patagonia y contó con el apoyo de intendentes de ciudades portuarias, dirigentes de varios partidos políticos, cámaras empresarias y gremios chubutenses que rechazaron las modificaciones a la actividad pesquera planteadas en el proyecto de Ley ómnibus, enviado al Congreso por el Gobierno nacional.

Torres lideró el primer paso coordinado entre mandatarios contra la reforma y logró unir a partidarios y opositores en la carta pública que lleva la firma del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Santa Cruz, Claudio Vidal; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; y de Neuquén, Rolando Figueroa.

El gobernador de Chubut, habló este jueves en la puerta de la Casa Rosada, a minutos de reunirse, tanto él como los otros gobernadores de la Patagonia, con el ministro del Interior. "Es un conflicto que se generó producto de la falta de comunicación, tuvimos reuniones con distintos funcionarios donde quedó evidenciado que no hay mala fe, pero sí hay temas técnicos que resolver y hay que resolverlos rápido para desmitificar un montón de cuestiones, no hay país en el mundo que ceda su soberanía en las 200 millas", dijo Torres.

"Mar del Plata, Chubut, Santa Cruz, Río Negro son todas provincias donde la pesca genera mucha laburo, pero también el sector genera muchas divisas para la Argentina. Queremos que se arme una mesa sectorial y en base a ello se lleguen a los acuerdos necesarios para agregarle valor a la pesca, pero hoy nos queremos ir de esta reunión con la garantía por parte del ministro del Interior que estos puntos que son sensibles se van a rever en la ley que elevaron al congreso", agregó.

En línea con los cuestionamientos que formuló el gobernador chubutense, el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, expresó que "si bien no somos del mismo espacio político, en esto vamos a acompañar sin ninguna duda al gobernador de la provincia, porque de concretarse lo que se propone se hará un daño irreparable al sector y a las fuentes de trabajo que genera".

"No tenemos por qué permitir que nuestros recursos los vengan a extraer para llevarlos a otros lugares", explicó el dirigente justicialista de Puerto Madryn.

En el mismo sentido se manifestó el presidente de la Administración Portuaria de esa misma ciudad y referente local del PRO, Diego Pérez, quien en diálogo con Télam consideró que "el respaldo de todos fortalecerá nuestra postura en contra de cualquier tipo de medidas que puedan poner en riesgo el desarrollo sostenible de la actividad pesquera en nuestra región".

Por su parte, la Cámara Industrial y de Comercio Exterior de Puerto Madryn (CIMA) emitió hoy un comunicado advirtiendo que "si no se exige el desembarque en puertos argentinos, tal como lo propicia el proyecto de ley, se abrirá la puerta a la evasión fiscal y a la pesca ilegal, el camino inverso al que hay que tomar porque el imperativo es mantener el control en los puertos nacionales para garantizar una explotación sostenible".

El intendente de Rawson, Damián Biss, también se manifestó en contra del proyecto de ley indicando que "la actividad pesquera tiene que ser fortalecida, no debilitada, porque genera dividendos para el país y fuentes de trabajo, como se puede ver ahora mismo en nuestro puerto con la temporada de langostinos que está a full".

En el mismo sentido se expresaron el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) que representa a la marinería; la Asociación Argentina de Capitanes de Pesca, el Sindicato de Conductores Navales (maquinistas) y el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) que nuclea a los trabajadores de las plantas pesqueras.

"Estamos abiertos al dialogo y a discutir no solo ese punto sino cualquier otro que pueda generar controversia", afirmó este jueves el vocero presidencial Manuel Adorni en conferencia de prensa en la Casa Rosada.

"Tenemos mucho expertise pero como cualquier ser humano se puede cometer alguna cuestión que pueda corregirse", reconoció el funcionario. De todas formas dijo que en el caso de la pesca creen "que la actividad está por debajo de su punto óptimo y que con esta apertura la actividad puede crecer".

"Por supuesto que más allá de que lo vemos como un gran paso no solo en libertades sino en crecimiento económico del sector, sí claro que estamos abiertos al dialogo y a discutir no solo ese punto sino cualquier otro que pueda generar controversia", repitió.