El Gobierno ratificó que no apartará por decreto a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, pese al fallo judicial que avala la remoción a través de ese mecanismo, aunque volvió a pedirle a la funcionaria que “dé un paso al costado” o al menos “pida licencia” para enfrentar una causa por corrupción que la involucra.

El ministro de Justicia, Germán Garavano, ratificó que el oficialismo intentará avanzar en la reforma de la ley del Ministerio Público Fiscal para eliminar el requisito del juicio político para apartar a la procuradora y confió en que “rápidamente después de las elecciones” esa norma pueda ser “modificada” con el acompañamiento de la oposición porque, dijo, “es una deuda que tiene la democracia”.

Garavano formuló declaraciones a radio Belgrano, un día después de haber asegurado que la Casa Rosada no desplazará por decreto a Gils Carbó, pese a que el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Pablo Cayssials avaló la remoción de la procuradora sin necesidad de recurrir al mecanismo del juicio político con intervención del Congreso.

El juez Cayssials declaró “inconstitucional” un artículo de la ley de Ministerio Público impuesta por el kirchnerismo en 2015 que equipara al Procurador General con los jueces de la Corte Suprema en las formas en que puede ser removido del cargo.

El fallo se dio a conocer una semana después del procesamiento de la jefa de los fiscales por administración fraudulenta en la compra del edificio de la Procuración en la calle Perón 667 de esta capital por 44 millones de pesos.

"Desde el primer momento sabíamos que ese artículo era inconstitucional y que, incluso, había otros artículos muy cuestionados", señaló Garavano esta mañana.

En tal sentido, recordó que en su momento el oficialismo “presentó un proyecto de ley que con dimes y diretes y problemas, porque es una ley muy importante, finalmente tuvo un dictamen de la comisión de Diputados (respectiva) que, entre otras cosas, modificaba este artículo pero, por cuestiones políticas, no avanzó”.