La Asociación Bancaria (AB) realizaba este miércoles un paro de 24 horas en todas las sucursales del Banco Provincia para exigir la derogación de la Ley 15.008 que modificó en 2017 el régimen jubilatorio de los trabajadores de esa entidad financiera. Desde el Gobierno bonaerense reiteraron el llamado a la oposición para debatir el tema en la Legislatura provincial.

La norma fue sancionada durante el Gobierno de María Eugenia Vidal y elevó los 65 años la jubilación para hombres y mujeres que trabajaban en el Banco Provincia. Además estableció un 75% del haber que se cobraba durante los años de actividad en reemplazo del 82% móvil que regía, con el argumento de que ese régimen llevaba la caja a una situación deficitaria.

Esa decisión generó un extenso conflicto con los trabajadores de la banca pública bonaerense y existen en la actualidad más de 5 mil presentaciones judiciales para que se declarare la inconstitucionalidad de la Ley.

En ese escenario, el Poder Ejecutivo envió en 2021 a la Legislatura un proyecto para modificar el régimen jubilatorio del Bapro, en el marco de una comisión especialmente creada por la Suprema Corte de Justicia bonaerense. La iniciativa se trabajó durante un año junto a representantes del gremio Asociación Bancaria, de jubilados, la asesoría legal, el Ministerio de Hacienda, la Caja de Jubilados y el Banco y, una vez enviada, la Cámara de Diputados la trató en 4 comisiones.

Desde la organización gremial indicaron que tras un período de intercambio con el Gobierno de Axel Kicillof se logró "un consenso" para presentar un proyecto en la Legislatura bonaerense que modifique la ley contemplando las demandas de los trabajadores, pero lamentaron que la oposición de Juntos por el Cambio (JxC) se hayan negado "a dar quórum para dar el debate de cara a la sociedad".

"Este miércoles ante una oposición irresponsable que creó el problema y ahora se niega a solucionarlo... ¡paramos! En defensa de nuestra fuente de trabajo, del patrimonio del banco y de nuestros derechos", informaron desde el gremio en un comunicado. El nuevo proyecto pretende restituir los derechos vulnerados: devuelve la movilidad al 82% para jubilados y del 75% para pensionados, vincula la movilidad con el sueldo de los trabajadores activos, reduce la edad de jubilación de las mujeres a 60 años y equilibra la representación política en el directorio de la Caja. A la vez, con el fin de evitar que esta reposición de derechos sea una carga sobre las finanzas provinciales, se establece un mecanismo de financiamiento solidario y equitativo: los aportes de los activos se incrementan en 2 puntos porcentuales y los de pasivos en 1.18, y se impone un nuevo régimen para quienes ingresen a trabajar al banco con aportes 5 puntos superiores al esquema actual.

Desde el Gobierno se cree que, con este nuevo esquema de financiamiento, el déficit financiero de la Caja se reduciría 10 años antes a la proyección realizada con la Ley vigente, de forma que no recarga las finanzas provinciales ni compromete el patrimonio del Banco Provincia. Por otra parte, se condiciona el aporte de las utilidades del Bapro a los requisitos de solvencia del Banco Central, y el Estado bonaerense queda formalmente como garante final del sistema. Sin embargo, el oficialismo no logra el acompañamiento de la oposición para avanzar con la propuesta. 

Al respecto, una fuente del Gobierno bonaerense indicó que "la ley está cuestionada por unas 5.000 cautelares" y que se envió al Poder Legislativo provincial un proyecto que "se consensuó".

 

"Desde el Banco Provincia se va a trabajar para garantizar todos los servicios de funcionamiento digital, la distribución de efectivo en los cajeros. Apostamos al diálogo político para aprobar este proyecto que garantiza incluso una reducción del déficit más grande la actual Ley 15.008", expresaron fuentes del Ejecutivo que encabeza Kicillof.