Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño, y Guillermo Dietrich, ex ministro de Transporte de la Nación y ex subsecretaria del mismo área en la Ciudad, recibieron una buena noticia de parte de la Justicia ya que la Cámara Federal porteña confirmó este viernes los sobreseimientos de ambos en la causa por supuestas irregularidades en la licitación pública internacional para la construcción del Paseo del Bajo, ubicado en Puerto Madero. La resolución fue adoptada por la Sala Primera del Tribunal de Apelaciones con la firma de los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, quienes coincidieron con el instructor de la causa “sobre la inexistencia de una maniobra tendiente a favorecer a una de las contratistas, causándole un perjuicio patrimonial al erario público”, según consta en el fallo.

La denuncia que originó el expediente señalaba que el orden de la licitación de los tramos que compusieron la obra del Paseo del Bajo fue alterado de modo tal que una Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por la firma Iecsa S.A.. que había estado vinculada a la familia Macri, ganara la licitación del tramo más oneroso. Esa hipótesis fue sostenida por la fiscal Alejandra Mangano y por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo de Sergio Rodríguez, quienes en diciembre de 2019 apelaron la decisión del juez Claudio Bonadio, fallecido en 2020, de cerrar la causa y sobreseer a los imputados por considerar que se trataba de una resolución apresurada dado que faltaban pruebas por realizarse y testimonios por escucharse en el expediente.

La obra del Paseo del Bajo 

La obra del Paseo del Bajo, ubicada a la altura de los barrios porteños de Retiro y Puerto Madero, fue pensada para conectar las autopistas Illia y Buenos Aires-La Plata y contó con un presupuesto original de casi 9 mil millones. De acuerdo con lo que se explicó originalmente, se trató de una obra pensada en tres tramos y si bien estuvo a cargo de Autopistas Urbanas (AUSA), se financió con casi un 60 por ciento de fondos del Estado Nacional, conseguidos por la vía de préstamos del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) mientras que la financiación restante corrió por cuenta la Ciudad de Buenos Aires.

Según una denuncia que en su momento presentó la Auditoría General de la Ciudad y una investigación preliminar de la PIA, la maniobra ilícita consistió en alterar el orden de licitación de los distintos tramos de la obra para que la UTE integrada por Iecsa se quedara finalmente con el más oneroso. Lo que decían los denunciantes es que las reglas de la licitación se alteraron a través de circulares para lograr que las empresas que harían mejores ofertas que IECSA resultaran adjudicatarias de otros tramos de la obra y eso las excluyera de diputar el tramo C, que costaría cerca de 5 mil millones.

“Al momento en que se optó por esa forma de contratación, no era posible conocer qué empresas se presentarían a la licitación, cómo serían sus ofertas y cuál de ellas resultaría adjudicataria. Por lo cual era incierto e imprevisible saber o suponer que no se presentarían otras ofertas más convenientes que la de IECSA-Fontana Nicastro”, afirmaron los jueces de la Cámara de Apelaciones para desechar los intentos de la fiscalía por reabrir la causa. “La valoración de los elementos de prueba incorporados en autos permiten descartar que la alteración del orden de apertura de los sobres en la licitación haya tenido algún propósito merecedor de reproche penal”, concluyeron.