E l fiscal federal Jorge Di Lello abrió una investigación e imputó al ex presidente Mauricio Macri y al ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en su gobierno, Gustavo Arribas, a raíz de la denuncia por supuesto espionaje ilegal presentada esta semana por la actual titular de la AFI, Cristina Caamaño.

La fiscalía imputó además a la ex segunda en el mando de la AFI, a Darío Biorci, ex jefe de gabinete de la administración anterior de la AFI, y a un grupo de agentes cuya identidad se mantiene en reserva, según el dictamen entregado al juez federal Macelo Martínez De Giorgi. Di Lello pidió medidas de prueba antes de resolver si pide la citación a declaración indagatoria de los imputados en el caso.

Según la denuncia de Caamaño, las evidencias de espionaje ilegal de correos electrónicos de al menos 85 funcionarios, ex funcionarios, políticos, periodistas e integrantes de fuerzas de seguridad surgió del hallazgo de un disco rígido cuyo contenido había sido borrado, pero fue recuperado.

Esta prueba quedó ahora guardada en la caja fuerte de la fiscalía con sede en el quinto piso de Comodoro Py 2002, junto con la documentación relacionada con la denuncia y el disco rígido Western Digital en cuyo contenido se basó la denuncia de Caamaño.

Entre las medidas que la fiscalía pidió a Martínez De Giorgi figura un pedido a la AFI para que remita a tribunales los legajos completos de los agentes identificados como "A" y "B", imputados en el caso, y "una nómina de todo el personal contratado desde diciembre del año 2015 hasta diciembre de 2019".

Además, requirió un "diagrama completo de la estructura de la secretaría desde el año 2015 hasta el año 2019" y "todas las órdenes de reunión de información que existieran en esa agencia federal respecto de las personas detalladas en la denuncia". También, que se cite en calidad de testigos al personal contratado "para que informen las instrucciones recibidas respecto de los hechos investigados por parte de los ex funcionarios" de la AFI.

Además y preservando su identidad con base en la Ley 25.520 de Inteligencia, se reclamó que declaren como testigos los actuales "funcionarios y empleados de la AFI que participaran en el protocolo de recolección de datos" hecho sobre el disco rígido Western Digital, "a fin de determinar con exactitud cuál fue el procedimiento de recuperación de datos del mismo".

Asimismo, el fiscal le solicitó al juez que ordene una "pericia oficial con personal especializado en el tema digital" sobre el disco rígido para -entre otros puntos- individualizar los "correos electrónicos que surgen", y, "si es posible, determinar su titularidad" y su "asunto", archivos adjuntos y contenido de los e-mails.

En la denuncia, Caamaño destacó que el material encontrado no había sido ordenado por ningún juez ni otra autoridad competente.