El fiscal mayor del Distrito Judicial Norte de Tierra del Fuego, Guillermo Quadrini, imputó formalmente este miércoles al intendente de la ciudad de Río Grande, Gustavo Melella, por el presunto delito de “abuso sexual coactivo”, en la causa que investiga si pidió favores sexuales a trabajadores indigentes a cambio de empleo.

Así lo confirmaron fuentes de la Justicia fueguina y detallaron que Quadrini realizó la imputación al suscribir un "requerimiento de instrucción penal" surgido de la denuncia presentada por el obrero de la construcción Mario Lovera, unas de las tres presuntas víctimas de Melella que dieron testimonio en sede judicial.

El fiscal sintetizó en su pedido de investigación, que el hecho vinculado con Lovera habría tenido lugar a mediados de 2016, “en circunstancias en que el denunciante se hizo presente en el domicilio de Melella, ubicado en el barrio de Chacra II (de Río Grande) y una vez allí, el intendente lo interrogó sobre su situación laboral y le ofreció desempeñar funciones en el Municipio de esa ciudad”. 

El obrero declaró que, entonces, Melella "lo obligó a materializar actos sexuales contra su voluntad frente al temor que implicaba negarse, dada su condición de Intendente y máxima autoridad de la ciudad".

Para Quadrini, los hechos descriptos y que forman parte del expediente "resultarían constitutivos del delito de abuso sexual bajo la modalidad de abuso sexual coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad o de poder, previsto y reprimido en el artículo 119, primer párrafo, del Código Penal".

La Fiscalía entendió que esa figura legal lo es “sin perjuicio” de las que pudieran surgir durante la investigación. 

A su vez, el fiscal le solicitó al juez de instrucción 2 de la ciudad, Raúl Sahade, que en adhesión a lo solicitado por el denunciante (ya constituido en parte querellante del caso) se le pidan informes a las compañías telefónicas a las que pertenecen los teléfonos de la víctima y el imputado, “con la finalidad de comprobar si existen comunicaciones que puedan estar relacionadas con la investigación”.

También pidió un peritaje sobre el teléfono de Héctor Daldi, un empleado de planta política del Concejo Deliberante, que según Lovera actuó como emisario de Melella para ofrecerle dinero y trabajo a cambio de que retirara la denuncia.

En el caso de las otras dos víctimas: Alfredo Suasnabar, un trabajador de la construcción de 55 años, y Damián Rivas, un carpintero de 48, el fiscal Pablo Candela -que intervino primero en las actuaciones- desestimó la formación de una causa penal por entender que no se configuraba ni siquiera la sospecha del delito de abuso sexual.

Al respecto, la Justicia fueguina informó que ese dictamen de Candela, cuyo contenido se mantiene en secreto, se encuentra a consideración del juez Sahade, que todavía puede rechazarlo y correr una nueva vista a la Fiscalía.

Rivas testificó ante la Justicia que Melella “empezó a mandarme mensajes de WhatsApp y también me llamaba y me preguntaba si la tenía grande, en referencia al pene, porque él la quería sentir, y siempre me pedía si conocía a alguien para presentarle. Me decía que yo era un cagón y que nunca iba a hacer nada, y que no podía creer que no tenía ningún conocido para presentarle. Pero yo no iba a llevar a nadie conocido para eso".

Por su parte Suasnabar, declaró: "Un día estaba mal, era el mes de enero, no había trabajo, no tenía un peso. Y cuando uno tiene familia, busca hacer cualquier cosa. Entonces me dijo que fuera a verlo en su departamento (…) Me fui para ahí pensando en que iba a tener trabajo. Subí, me atendió el señor, y me abrazó, me besó y empezó a hacerme cosas, me bajó los pantalones y se mandó el miembro en su boca.
Yo lo que hice es apartarlo, le dije 'pará, qué es lo que pasa, yo vengo por el trabajo, no por esto'. Y él me decía "entregate, papito, entregate".

El abogado Francisco Giménez, que representa a Lovera en la causa, sostuvo que “Quadrini hizo la tarea que le corresponde, el mismo día que se reincorporó a tribunales después de una licencia por enfermedad”.

“Aquí el que estuvo mal fue el juez, que por el Código Procesal Penal tenía 24 horas para girarle el caso al fiscal, y se demoró 50 días. Por eso la causa estuvo demorada y ahora se revitaliza a partir de su difusión pública”, afirmó Giménez.