La Federación de Inquilinos Nacional presentó una nota a dirigida a todos los senadores y diputados nacionales, donde se solicita el tratamiento "de manera urgente" del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, y en la que se denuncia el caracter inconstitucional del mismo. 

En el marco de la vigencia del DNU que el presidente Javier Milei anunció junto a su gabinete a pocos días de asumir, y a raíz del impacto que este tuvo sobre la desregulación de los alquileres, el misivo explicita "la preocupación" respecto a "la falta de tratamiento en el Congreso Nacional, como obliga la Constitución Argentina". 

En el documento redactado por el organismo se señaló: "Las organizaciones inquilinas que conformamos la Federación de Inquilinos Nacional, pedimos que ustedes, diputados y diputadas, cumplan con el mandato constitucional, conformen la comisión bicameral, pongan en tratamiento el decreto y lo rechacen por inconstitucional". 

Asimismo, se detalló que "el decreto, entre otras cosas, derogó la ley de alquileres. Ley que tuvo un tratamiento profundamente democrático durante los últimos ocho años". En esa línea, se añadió que "la ley de alquileres fue discutida en ambas cámaras en muchísimas oportunidades". 

 

 

Además, en la nota la Federación insistió sobre el consenso general que se obtuvo durante el correspondiente proceso legislativo. "En esos debates participaron todas las organizaciones inquilinas, los comisionistas del mercado inmobiliario y todos los bloques políticos en representación del voto popular. Fruto de este debate, hace apenas más de 100 días se votó la última modificación a la ley de alquileres", en referencia a los cambios introducidos en la normativa durante los meses finales de la gestión de Alberto Fernández.

Sin embargo, enfatizaron en el hecho de que este dictamen se eliminó "de un plumazo, de manera inconsulta, inconstitucional y autoritaria". 

 

A modo de conclusión, el documento firmado por todas las organizaciones inquilinas del país en búsqueda de una medida concreta frente a un riesgo mayor que implica la permanencia del DNU, se subrayó que "esta práctica pone en jaque el sistema republicano y, por supuesto, la representación parlamentaria a través del voto".

"Las consecuencias de la derogación del creto son dramáticas", sostuvo, puesto que "los contratos de alquiler se firman por un plazo de seis meses o un año", ítem que agrava la situación de los inquilinos que en medio de la crisis económica se encuentra con propiedades más precarias y a la vez más costosas. Al mismo tiempo, "las actualizaciones de los precios están atadas de forma bimestral o trimestral a la inflación", por ende, el incremento de los montos avanza de manera abrupta.

De esta forma, "transcurridos solo a tres meses de alquiler el precio aumentará alrededor de un 60%. Quien hoy paga $ 300.000, a los noventa días tendrá que pagar -si puede - $ 480.000", estimaron en la nota destinada a diputados y senadores. Finalmente, el organismo resolvió que "no hay posibilidad de que esto no desemboque en una tragedia habitacional y social".