El gobierno bonaerense oficializó su preocupación por la situación social semanas atrás, cuando la gobernadora María Eugenia Vidal anunció que había instruido a su ministro de Economía para que congelara algunas partidas de obra pública con el fin de reforzar la asistencia social.

Durante el fin de semana, el ministro de Desarrollo Social, Santiago López Medrano, reconoció las dificultades al referirse a los saqueos que se dieron en algunos puntos de la provincia, pero los separó de un estallido social similar a lo que pasó en el 2001.

Sobre ese escenario, un grupo de intendentes del peronismo buscará avanzar este lunes sobre un reclamo que cobró fuerza en las últimas semanas: declarar la emergencia social.

Tal como adelantó Crónica, los jefes comunales perciben un fuerte incremento en los pedidos para llevar ayuda alimentaria a distintos barrios, y ven con preocupación el impacto que tendrá la fuerte devaluación del último tiempo, que ya comenzó a trasladarse a los precios.

Por eso fueron a la Casa Rosada a exigir una audiencia con el presidente Mauricio Macri, y este lunes serán recibidos por el ministro de Gobierno bonaerense, Joaquín De la Torre. Encabezará el grupo, la presidenta de la FAM, Verónica Magario.

Según pudo saber Crónica, el gobierno de María Eugenia Vidal declinará la solicitud, considerando que ya se tomaron suficientes medidas para contener el malestar social, dado el anuncio de un refuerzo de la Asignación por Hijo a nivel nacional para septiembre y diciembre, y el incremento de asistencia que se realiza desde las arcas bonaerenses.

Con el mismo fin, los mismos intendentes asistirán el miércoles a la Cámara de Diputados de la Nación, donde reiterarán su rechazo a la eliminación del Fondo Sojero, que les quita millones de pesos en obras públicas.

Será además apenas un día después de la reunión del presidente Mauricio Macri con los gobernadores por el Presupuesto 2019.