El Gobierno nacional intimó este jueves al Sindicato de Camioneros a pagar 40 millones de pesos por los gastos del operativo desplegado durante la jornada del 27 de diciembre, cuando se realizó la marcha a Tribunales contra el DNU de Javier Milei. 

Se trata de una carta de documento enviada desde el Ministerio de Seguridad, conducido por Patricia Bullrich, donde se informa que se determinó el costo total que el Estado destinó para la movilización liderada por la CGT hace dos semanas. Una medida que se aplica por el denominado "protocolo antipiquetes".

Además, el texto señala que también se logró identificar a las organizaciones que participaron de la interrupción total o parcial del tránsito vehicular en las inmediaciones de la Plaza Lavalle.

En este sentido, entre las mencionadas se encuentran la UTEP, el MST, SIPREBA, SUTNA, UOCRA, CTA, la Agrupación Izquierda Socialista, la Unión Obrera Metalurgica, la Federación Marítima y Portuaria de la Industria Naval (FEMPINRA), la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (APOPS), la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), la Asociación Civil Polo Obrero, el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), Conadu Histórica Y CTA Autónoma.

Y luego de mencionar cada una de ellas, el documento completa: "En consecuencia, intimo a usted, en su carácter de apoderado del Sindicato de Camioneros, al pago solidario de $40.419.227,56, en el plazo perentorio de DIEZ (10) días hábiles de recepcionada la presente".

A continuación, desde la cartera señalaron: "(Es) en concepto de costos operativos que se emplearon para hacer cesar los actos ilegítimos en miras del mantenimiento del orden público. Ello, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales pertinentes".

En este marco, los referentes del sindicato estiman que la misma carta de documento se hará extensiva a todos y cada uno de los movimientos mencionados en el escrito.

Como se indicó, la sanción económica del Gobierno a quienes se movilizaron a Tribunales, pocos días después de la asunción de Javier Milei, había sido anticipada por la ministra de Seguridad en el marco de su protocolo para los cortes de calles y rutas.

Patricia Bullrich había advertido que habría consecuencias para quienes motiven la movilización de las fuerzas para garantizar el orden público durante alguna manifestación.

"Por todos los costos vinculados a los operativos de seguridad, se les enviará la factura a las organizaciones o a los individuos responsables. El Estado no va a pagar por el uso de las fuerzas de seguridad. Tendrán que pagar las organizaciones que tengan personería o los individuos", había explicado la funcionaria en la presentación del plan.