El Procurador de la Suprema Corte de Mendoza, Alejandro Gullé, informó que la Justicia provincial investiga las amenazas telefónicas que recibió el gobernador de la Provincia, Rodolfo Suarez tras la aprobación de la modificación a la ley 7722 que limitaba el uso de sustancias químicas en las explotaciones mineras.

Si bien Gullé brindó los detalles de las investigaciones, informó que es el fiscal Gustavo Felman quien está a cargo del caso ya que "rige un estricto secreto de sumario" al respecto. Sin embargo, comunicó que avanzan "a pasos agigantados" en la búsqueda por determinar la identidad de las personas que realizaron las llamadas intimidatorias tras la viralización del número de  teléfono del gobernador.

También aseguró que tienen que determinar en qué contexto se realizaron las amenazas puesto que intentar obligar a un funcionario dejar sin efecto la ley aprobada ya que éste factor puede agravar sobremanera la carátula.  

"Las amenazas a cualquier autoridad en ejercicio del poder son graves. No se puede compeler ni amenazar a un funcionario de ninguna manera, si toleráramos esto, mañana podrían intimidar a los jueces para que resolvieran a favor o en contra de ciertas cuestiones. Estamos trabajando a pasos agigantados para resolver este tema", expresó.

Los sucesos se registran tras una semana de debates en la que se escucharon voces a favor y en contra de la propuesta presentada, la cual fue aprobada este viernes por senadores y diputados mendocinos.

Tras la sanción inicial en el Senado por amplia mayoría, los diputados también aprobaron por la tarde el proyecto que envió el Ejecutivo, que permite el uso de sustancias químicas como cianuro y ácido sulfúrico pero limita la aplicación de mercurio.

Sin embargo, "se deberán presentar estudios ambientales e informes sectoriales municipales del lugar donde pretenden instalarse los proyectos", según consta en la norma.

Así, se prevé el desarrollo de proyectos de minería metalífera que desde hace tiempo quieren desarrollarse en esta provincia, y que contó con numerosos cortes de ruta y manifestaciones en distintos puntos de la provincia.

La aprobación en el Senado tuvo 28 votos a favor y 7 en contra, en tanto en Diputados aprobó por 36 votos contra 11, con una abstención y una ausencia.

Este viernes, tal como ocurrió durante casi toda esta semana, los alrededores de la Legislatura se colmaron de voces en contra que fueron custodiados por un fuerte operativo policial, como así también en las ciudades de San Rafael y General Alvear, no así en Malargüe donde sus ciudadanos aguardaban esta modificación para comenzar el desarrollo minero.

Si bien grupos ambientalistas, movimientos sociales y partidos de Izquierda se manifestaron en contra de los cambios, varias cámaras empresariales como la Unión Industrial de Mendoza (UIM) y el Consejo Empresario Mendocino (CEM) se pronunciaron a favor del desarrollo minero.