Por Francisco Nutti @franNutti

Crece la tensión entre Argentina y Reino Unido porque cada vez son más los buques pesqueros que operan a la veda de las Islas Georgias del Sur con ilegítimas licencias emitidas por el Gobierno británico, y fuera del marco que rige la pesca en dicha área, regulada desde 1982 por la Comisión para la Conservación de Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA).

Esto motivó a una denuncia elaborada por la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP), en la que se advirtió sobre la urgente necesidad de exigirles que detengan inmediatamente el otorgamiento indiscriminado de permisos de pesca en esta zona de exclusión. Según la información recabada, en las aguas circundantes al archipiélago se está extrayendo ilegalmente casi la mitad de lo que se pesca en toda la República Argentina.

Raúl Cereseto, empresario pesquero, autor del libro "De proa al Sur" y presidente de la FULASP, dialogó con cronica.com.ar y aseguró que mantuvo un encuentro con las autoridades pesqueras de Malvinas en mayo, donde comrpobó que el Reino Unido estabileció un sistema de extracción ilegal en la zona, otorgando anualmente casi cien licencias y cuotas de pesca conocidas como ITQB (Individual Transferable Quota) con un período de validez de un año.

Además pudo acceder a los datos que indican que mensualmente visitan el área cientos de embarcaciones de bandera taiwanesa, coreana y, sobre todo, española, con la autorización para la captura de diversas especies marinas. 

En diálogo con Cronica.com.ar, Cereseto brindó detalles sobre la presentación que él mismo presentó para que Cancillería intensifique los reclamos. "Hoy las Islas tiene otorgadas 106 licencias de pesca de calamar. Es decir que hay 106 buques con licencia para pescar en esa zona. Además cuentan con 16 permisos de pesca de loligo", señaló y agregó que "no generan trabajo, porque no procesan nada en tierra. Extraen los recursos y se van al exterior".

"Su producción por momentos alcanza el 50% del total de la pesca argentina, no en terminos de tonelada sino en terminos de dinero", continuó y destacó que "el otro dato duro es que muchas de esas embaraciones del exterior que van a las Islas tambien tienen licencias para aguas internacionales. Por lo tanto, no solo que les dan licencia a los barcos sino que ademas les brindan el permiso para que pesquen frente al mar argentino. Saquean o hacen su temporada frente a las aguas del mar argentino y terminan su temporada en las Islas Malvinas".

"La pesca es el 60% de ingresos de las Islas, la actividad principal. El 70% de lo que sacan va a España, y el otro 30 al resto de los países, como Taiwán y China. Necesitamos que Cancillería intensifique los reclamos, por eso voy a ir personalmente y a ponerme a disposición", finalizó.

Cabe destacar que la FULASP inició tratativas para elevar un pedido ante las autoridades de ese organismo multilateral conformado por 26 países miembros, entre los que se encuentran la Argentina y el Reino Unido, y basó su requerimiento en los resultados proporcionados a partir de un informe que surgió del entrecruzamiento de datos públicos y privados, propios y de terceros, acceso a información satelital disponible, y registros oficiales y periodísticos.

En ellos se obtuvo la prueba que respalda que el acto ilícito denunciado no solo socava los esfuerzos de conservación de Argentina, sino que también tiene un impacto devastador en su economía y sus comunidades costeras.

En lo que fue la primera parte de la temporada de pesca de 2023, los pesqueros españoles capturaron un total de 53,500 toneladas de calamar, lo que sugiere la posibilidad de alcanzar el volumen de capturas más productivo de las dos últimas décadas. Asimismo, en 2022, la flota pesquera española en el área de las Malvinas logró un registro de 101,000 toneladas de calamar, abarcando tanto loligo, illex como pescados de cola. Esto marcó el segundo récord histórico desde 1989, cuando se alcanzaron las 118,000 toneladas. Además, las capturas de pescados de aleta alcanzaron las 62,000 toneladas, marcando la cifra más alta desde la implementación de la zona de exclusión.

Una información elaborada por la Coordinación de Política Oceánica y Atlántico Surde la la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de esa cartera, destaca que, "la Prefectura Naval Argentina, la Armada Argentina, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Nación y la Cancillería trabajan de manera coordinada cuando se trata de buques de bandera extranjera que cometen acciones de pesca ilegal".

"En caso de constatarse actividades de pesca ilegal, los buques que la efectúen son pasibles de ser perseguidos (bajo lo que se denomina derecho de persecución o “persecución en caliente”, de conformidad con el Art. 111 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar), capturados y sancionados. A su vez, desde la conducción de la política exterior, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, se realizan las gestiones bilaterales correspondientes con los países cuyo pabellón sea enarbolado por un buque que haya violado las normas argentinas en materia pesquera".