Desde que comenzó el rosqueo político por la Ley Ómnibus, hubo sólo una directriz interna en el Gobierno que parecía sostenerse: “preferimos una derrota a fragmentarla”. Así lo remarcaban en los pasillos de la Casa Rosada hasta que esta semana las tensiones con los “dialoguistas” agotaron la paciencia del presidente, Javier Milei, que prefirió desechar esa máxima innegociable, retirar el capítulo fiscal y asegurarse, a cambio -y en teoría-, los votos en el Congreso. Eso sí, da por terminado el plan del “dialoguismo” y, “harto de que le corran el arco”, se prepara para vigorizar el ajuste por otra vía sobre la que hubo anticipos mientras la oposición hace foco en las facultades delegadas.

Al filo de la reunión del directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Washington el próximo miércoles para definir el envío del desembolso de 4.700 millones de dólares, el Gobierno confía que un día antes logrará aprobación en la sesión convocada en la Cámara de Diputados para tratar su recalculada ley "Bases y Punto de Partida para la Libertad de los Argentinos", conocida como Ley Ómnibus.

Hizo esfuerzos y sacrificios para llegar a la que será la primera sesión del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y lograr la media sanción y que pase al Senado en busca de la aprobación.

A pesar del costo político -que planea cobrarse más adelante- por retirar el capítulo que era el “corazón” del programa económico, Milei priorizó dar una señal de cintura política al norte y que lleguen los dólares para fortalecer las reservas, aunque la mayoría se destinará al repago de deuda -contraída en 2018 y refinanciada en 2022-.

 

 

Es que la aprobación de ese envío por parte de los burócratas del FMI tiene peso propio en el mercado financiero y cambiario que mira con lupa a la Argentina y que, según subrayan desde el Gobierno, “se intranquilizan por lo que ocurre en el Congreso”.

Rosca y “enojo”

La dosis de rosca política a la que se vio obligado el Presidente en los últimos días “lo enojó bastante”, comentaron a este medio desde su entorno. Si bien esas conversaciones las delega en su mesa chica integrada por el asesor, Santiago Caputo; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos; los intercambios llegaron a un pico de tensión este jueves y Milei debió seguir cada detalle hasta tomar una decisión.

Su hartazgo por la presión de los gobernadores considerados “dialoguistas”, principalmente por parte del cordobés, Martín Llaryora, y del santafecino, Maximiliano Pullaro, quienes reclamaban por la suba de las retenciones, lo compartió en las reuniones de gabinete con sus ministros. “Los voy a dejar sin un peso”, habría deslizado. La frase derivó en un episodio de filtración que concluyó con la primera baja del gabinete nacional: el ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro.

El Gobierno había arrancado el primer día de la semana con una ofrenda política importante y envió un texto renovado que contemplaba algunos cambios a pedido de los gobernadores y legisladores de bloques amigables -del PRO, parte de la UCR y de Hacemos Coalición Federal (HCF)-. Las “clarificaciones” no fueron suficientes para asegurar los votos en el recinto y la sesión debió pasar al martes próximo.

“Pensábamos que con esas modificaciones llegábamos al fin de esta semana con la media sanción pero los gobernadores siguieron corriendo el arco y el Presidente se hartó”, resumió una fuente oficial con acceso a los detalles de esas negociaciones. 

Fue así que el ministro Caputo apuntó a través de la red social “X” que “si alguno de los artículos económicos es rechazado” entonces "todas las partidas provinciales se recortarán inmediatamente”. La advertencia fue leída como una “amenaza” por los principales representantes de la oposición “dialoguista” como los diputados Miguel Ángel Pichetto (HCF) y Rodrigo De Loredo (UCR). El radical le remarcó, de hecho, que los ministros, a diferencia de los legisladores, no son votados por la gente y que están a merced “del juicio político”.

 

 

Pocas horas después, el viernes a última hora, Caputo brindó una conferencia de prensa en la Casa de gobierno en la que informó con claridad las iniciativas que el Gobierno finalmente aceptaba retirar de la Ley Ómnibus para llegar a un acuerdo con ese sector: "El blanqueo, la moratoria, el adelanto de Bienes Personales, la ley de Ganancias y las retenciones". Y adelantó que también podría postergarse otro foco de conflicto: "Puede incluir también el cambio de la fórmula jubilatoria. Eso es lo que se retiraría".

Milei envió casi en paralelo, durante una entrevista con la CNN, otro mensaje a los “rebeldes”: "Si van por este tipo de soluciones nosotros vamos a arreciar muchísimo más el ajuste fiscal”. En tándem con Caputo, el Presidente reflotó el objetivo de la dolarización y dio números: "Compramos 5 mil millones de dólares y en Argentina la base monetaria es de 7.500 millones de dólares. Estamos a muy poco de poder dolarizar. Si pudiéramos limpiar todos los pasivos remunerados, Argentina con muy poquita plata estaría en condiciones de dolarizar", sostuvo. 

Es lo que en la Casa Rosada algunos funcionarios con despacho le llamaron “el plan B”. Terminado el “dialoguismo con los que quieren mantener el déficit fiscal, irémos por la dolarización”. “El Presidente va a ir a fondo”, afirmaron.

Con todo, la sesión del próximo martes será sumamente ruidosa. Desde la oposición excluida de las negociaciones, es decir, el peronismo y/o kirchnerismo y la izquierda celebraron la decisión informada por Caputo. La enmarcaron en el paro general con movilización masiva del último miércoles y en “el triunfo de los que hicimos oposición frontal”. 

Fue como lo definió el jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, y puso el foco en un problema superador de los detalles de cada artículo: las facultades delegadas al Poder Ejecutivo que todavía incluye el texto de la  Ley Ómnibus por un año. Para el diputado ahí está la “trampa. Milei sólo quiere superpoderes (facultades delegadas). Es el corazón de la ley. Más ajuste, especialmente sobre provincias. A Milei se le notan los hilos”.