Mala noticia para el ex secretario de Obras Públicas José Francisco López, condenado a siete años de prisión por enriquecimiento ilícito en el caso de los bolsos con nueve millones de dólares que intentó esconder en un convento. El Tribunal Oral Federal número 1 le rechazó un pedido para que se le reemplazara la fianza de 85 millones de pesos por una “caución juratoria”, es decir libertad bajo palabra.

La defensora oficial de López, Pamela Bisserier, había formulado el planteo dado que si bien el tribunal le concedió la libertad condicional, lo hizo mediante la aplicación de una caución personal cuyo monto el ex funcionario aún no pudo reunir.

En su presentación, Bisserier Individualizó los bienes del ex funcionario para evidenciar la imposibilidad de alcanzar el monto fijado como fianza, dado que están embargados en todas sus causas. Más allá de esto, cabe indicar que el tribunal autorizó que amigos o allegados de López puedan ser sus fiadores o que eventualmente éste contrate un seguro de caución.

Por dos votos contra uno, el pedido fue rechazado

 

Ya el fiscal del juicio en el cual resultó condenado López, Miguel Ángel Osorio, había dictaminado que no correspondía sustituir la caución real por una juratoria y rechazó el pedido de la defensa, criterio que fue acompañado mayoritariamente por los jueces del tribunal.

“La caución de contenido patrimonial es la única que resulta apropiada para neutralizar el riesgo de fuga latente”, sostuvieron los magistrados José Antonio Michilini y Ricardo Basílico. En disidencia, el tercer integrante del cuerpo, Adrián Grunberg, se pronunció por la caución juratoria “para no tornar ilusorio el beneficio liberatorio otorgado”. Pero el voto mayoritario consideró que el monto de 85 millones de pesos “más allá de lo que esforzadamente manifestó la defensa en su presentación, no configura de modo alguno una caución de imposible cumplimiento”.

“La caución a imponerse debe ser acorde y proporcional a la gravedad del delito y suficiente para neutralizar los riesgos procesales; por lo tanto, la modalidad juratoria pretendida por la defensa no resulta eficaz en el caso aquí tratado”, remarcó la resolución.

Los jueces recordaron, además, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en la que la Argentina y los demás Estados parte  “se comprometieron a combatir la corrupción en todas sus formas y a promover y fortalecer los mecanismos para sancionar y erradicarla”.

Cabe recordar que fue el último 13 de abril cuando el tribunal le fijó a López una fianza de 85 millones de pesos y señaló que, de hacerse efectiva la medida, el ex funcionario deberá “permanecer bajo la exclusiva custodia y protección del Programa de Protección a Testigos e Imputados” al que se encuentra sujeto. En ese momento, los jueces del Tribunal también le impusieron a López la prohibición de salir del país y dispusieron que, efectivizada la medida, el ex funcionario deberá “residir en el domicilio que fije al momento de su soltura” y “procurar adoptar oficio, arte, industria o profesión si no tuviere medios propios de subsistencia”.