El fallo que la Corte Suprema debe dictar este martes en relación al índice utilizado para actualizar en juicios los haberes mal liquidados podría insumir un gasto fiscal de entre $70.000 y $90.000 millones, que comenzarían a impactar de manera incipiente en el 2020 y recién de lleno en el 2021. La resolución del máximo tribunal podría incluir un pedido al Congreso para que saque una ley que establezca el indicador que deba usarse en un futuro y así poder eliminar la alta litigiosidad.

La Corte tiene en sus manos el caso "Blanco, Lucio Orlando c/Anses", el cual sentará precedente sobre las restantes 11.766 sentencias apeladas por el organismo previsional que llegaron a esa instancia, y sobre las más de 100 mil que circulan en tribunales respecto a este tema.

Hasta ahora las cámaras de la seguridad social fallaron a favor de los jubilados porque entienden que la Anses se extralimitó con una resolución que fijó de manera retroactiva el índice llamado Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), utilizado en la Reparación Histórica. Este indicador se incrementó 178% entre 1995 y 2009 frente a la suba del 435% que registró en el mismo lapso el Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción (Isbic), que fue el que tomaron como referencia los jueces a la hora de dictar sentencia.

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En un intento por reducir el gasto previsional, el Gobierno hizo caso omiso de este antecedente y al sancionar la reparación histórica optó por el Ripte para aquellos que se acogieran a la ley y así pagar jubilaciones más bajas. De acuerdo a la norma, quienes acepten la propuesta deben desistir de sus demandas en tribunales y quedan inhabilitados para hacerlo en un futuro. Luego, por medio de un decreto el Ejecutivo amplió el uso del Ripte de forma retroactiva incluso para quienes habían obtenido el beneficio antes de la sanción de la ley. Por eso la Anses desde ese entonces comenzó a apelar todos las demandas, al argumentar que el cálculo debe ser realizado con el Ripte.

Con estos antecedentes se espera que la Corte dicte un fallo dividido pero que le termine por confirmar el uso del Isbic como en las instancias previas. Con todo, el costo fiscal sería de unos $14.000 millones anuales durante un período de cinco años que empezarían a regir de lleno en 2021 y de forma incipiente en 2020, ya que el dinero destinado a este fin para el 2019 ya está pautado en el Presupuesto.

Por lo tanto, los analistas esperan que el desembolso total gire entre $70.000 y $90.000 millones, lo cual equivale a menos del 1% del gasto previsional.

En ese marco, el Supremo Tribunal podría incorporar en su fallo un pedido al Congreso para que diseñe un nuevo indicador que permita homogeneizar los parámetros en un futuro. Sobre todo si se tiene en cuenta el cambio en la movilidad implementado el año pasado que ya recibió más de un revés en la justicia. De ahí que economistas de la oposición ya se encuentran trabajando para una eventual elaboración de un índice.

Actualmente, las jubilaciones se actualizan un 70% por inflación pasada y 30% por salarios. Entre 2009 y 2017 lo hicieron por recaudación y salarios. Por eso las disputas judiciales corresponden al lapso entre 2002 y 2009, cuando no hubo índice de actualización y van camino a desaparecer porque los perjudicados o bien aceptaron la reparación histórica o fueron a tribunales.