Las comisiones de Trabajo y Previsión y de Presupuesto y Hacienda del Senado dieron comienzo al tratamiento de la ley que modifica la fórmula de movilidad jubilatoria con dos posturas antagónicas entre sus integrantes. Esta jornada continúan las labores en la Cámara alta.

De acuerdo a lo que se dio a conocer, el bloque kirchnerista y el senador radical Martín Lousteau pidieron celeridad para dictaminar y tratar en el recinto el proyecto que propone un incrementar en un 8,1 por ciento los haberes jubilatorios para recompensar la pérdida que sufrieron los ingresos en enero. 

Por otro lado, se ubicó el oficialismo respaldado en un amplio sector de la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y bloques federales, quienes pretenden continuar la discusión en comisión y lograr dilatar los tiempos de la iniciativa que alcanzó los dos tercios en Diputados. 

El legislador José Mayans planteó que su espacio intentará tratarlo sobre tablas en la sesión especial que fue convocada para las 11, donde se tratarán ascensos militares y diplomáticos, un proyecto que endurece las penas para la sustracción/comercialización de niños y la declaración de duelo nacional al 18 de julio por el atentado a la AMIA. 

Cabe recordar que la iniciativa aprobada en Diputados introduce un 8,1 por ciento adicional al 12,6 por ciento que dispuso el Gobierno para llegar al 20,6% de recomposición, equivalente a la inflación del mes de enero que se perdió en el empalme entre la fórmula de movilidad anterior y la establecida por el Ejecutivo a través del DNU.   

Además de actualizar los haberes por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la propuesta establece un aumentos adicional una vez al año (en marzo) por el 50% de la diferencia entre la variación salarial y la evolución de los precios en un mismo período de tiempo (si existiera una recuperación del salario por encima de la inflación). 

En tanto, se fijó en la redacción que el haber mínimo será de 1.09 respecto del valor de la canasta básica total de un adulto, por lo que un jubilado que cobra la mínima pasaría a cobrar 285 mil pesos.

Por último, acordaron que la ANSES tendrá la obligación de cancelar las deudas con las cajas previsionales provinciales, y de pagar las sentencias firmes a favor de jubilados, pero no a partir de lo producido por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, como había insistido Hacemos, sino con asignaciones específicas de los recursos tributarios del organismo previsional (impuesto al cheque, impuesto PAIS e IVA). 

Según estimó la Oficina de Presupuesto del Congreso, esta iniciativa de síntesis tiene un costo fiscal del 0,43 % del PBI.