El planteo judicial de inconstitucionalidad por el aumento discrecional del gobierno a los jubilados y pensionados llegó la semana pasada a la Justicia con un amparo colectivo firmado por 7.000 damnificados. El impulsor y defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, aseguró este domingo que "siguen llegando adhesiones" de adultos mayores.

El pedido a la Justicia es "que el Estado pague el 11,56% de aumento a todos los jubilados". La causa ya salió sorteada en el Juzgado N° 9, a cargo de la jueza subrogante, Silvia Saino. Desde el gobierno ya indicaron que se presentarán en las audiencias judiciales y tratarán de argumentar su determinación con la Ley de Emergencia.

El cuestionamiento de Semino incluye que el gobierno elabore "una ley con la fórmula" con mejores "términos de sustentabilidad", tras congelar la aprobada en el Congreso en la reforma previsional de 2017, cuando se modificó el cálculo a un ajuste por inflación. Desde el Frente de Todos sostienen que la fórmula de movilidad de las jubilaciones y asignaciones de la Anses deben tener en cuenta otras variables, como el crecimiento de los salarios; algunos destacan también la recaudación.

Por su parte, Semino resaltó que "en dos días tuvimos más de 7.000 adultos mayores que vinieron a hacer su planteo y hoy siguen llegando", por lo que espera que la queja colectiva sume más demandantes. Al presentar el amparo, el experto indicó que el objetivo pasa por "no afectar la progresividad de los adultos mayores", porque se "vulneran garantías consagradas en la Constitución Nacional, como los artículos 14 bis y el 75, que incorpora el pacto de San José de Costa Rica".

Y consideró que el decreto del Ejecutivo "se choca contra lo establecido por la Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores, que rechaza todo criterio de regresividad". "El fin es simplemente evitar la litigiosidad del sistema. Nosotros históricamente hicimos presentaciones por estos casos, como fue con el fallo Badaro, el empalme de 2017 y otros. Esto no quiere decir que el jubilado que quiera demandar de manera individual no pueda hacerlo. Pretendemos simplemente que no se afecte a los jubilados ni al Poder Judicial ni tampoco al Estado", expresó la semana pasada.