El juez de garantías Luis Carzoglio rechazó el pedido de detención contra Pablo Moyano, secretario general adjunto de Camioneros y vicepresidente de Independiente, el cual había sido solicitado el fiscal general de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera por supuesta defraudación al club.

El magistrado explicó en su resolución que “no puede involucrarse” al dirigente gremial “en asociación alguna de individuos para cometer delitos y menos en carácter de jefe”. A la vez, señaló que “las presuntas acciones y conductas de Moyano de ningún modo, y por el momento, pueden considerarse abarcadas” en los delitos que “se le pretenden endilgar”.

Rechazó el rol como jefe de la asociación ilícita y señaló que no encuentra al momento “elementos suficientes o indicios vehementes que me lleve a la sospecha”. Más tarde, en conferencia de prensa, calificó la acusación del fiscal Sebastián Scalera de “endeble” y denunció amenazas de muerte, presiones mediáticas y políticas en su contra una vez que trascendió su decisión (aún no pública) de rechazar el pedido del fiscal.

“Se ha realizado una campaña mediática en mi contra para afectar la parcialidad en este tema. Quiero desenmascarar algunas actitudes. Hubo datos publicados por dos importantes matutinos que sólo pudieron haber provenido de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires”, acusó y agregó: “A mí no me van a correr con carpetazos, no me van a perseguir ni apretar”. “Hubo amenazas telefónicas que atendió en mi casa mi señora y fueron ya sabiendo cómo iba a ser mi resolución en contra”, apuntó el juez.

Minutos más tarde, el fiscal Scalera adelantó que impugnará la decisión del juez de Avellaneda.