La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York emitió una decisión favorable para Argentina en el marco del juicio por la expropiación de YPF. La resolución permite al país continuar con su apelación sin la obligación de entregar las acciones de la petrolera ni otras garantías. Esta medida suspende una orden previa de la jueza Loretta Preska, emitida el 30 de junio pasado.

El fallo judicial optó por la alternativa más beneficiosa para el país. Según lo expresado por Sebastián Maril de Latam Advisors a través de su cuenta en la red social X, "las acciones del gobierno en la petrolera podrán permanecer en la Caja de Valores mientras la Corte resuelve la apelación".

Desde el Ministerio de Economía celebraron la decisión. El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, comunicó a través de redes sociales que el tribunal de apelaciones "aceptó la solicitud de Argentina, por lo que la orden del 30 de junio de 2025 queda suspendida mientras se resuelven las apelaciones". También se aceptó que el Gobierno de Estados Unidos participe en la causa como amicus curiae ("amigo de la corte").

La Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo de Santiago Castro Videla, destacó la importancia de la medida. En un comunicado, afirmaron que esta decisión "garantiza que la República Argentina conserve la participación mayoritaria del Estado Nacional en la compañía mientras avanza la apelación, constituyendo un paso decisivo en la defensa de un activo estratégico y de los intereses de todos los argentinos."

El caso se enmarca en el juicio por la expropiación de YPF, una decisión tomada en 2012 durante la presidencia de Cristina Kirchner. La jueza Preska condenó al Estado argentino a pagar una cifra multimillonaria que, con los intereses, se aproxima a los 18.000 millones de dólares. El principal beneficiario de la condena es el bufete inglés Burford Capital, especializado en la compra de este tipo de litigios.

Argentina había solicitado un stay, es decir, la suspensión de la orden de Preska de entregar a Burford el 51% de las acciones de YPF que están en manos del Estado. La Cámara de Apelaciones se pronunció a favor de este pedido.

 

La presentación de los escritos argumentales para la apelación formal de la orden está programada para el 25 de septiembre. La primera audiencia para tratar la apelación de fondo sobre la sentencia que obliga a pagar a Argentina se llevará a cabo la semana del 27 de octubre. La Corte de Apelaciones decidirá si la condena de la jueza es correcta.

Entre los argumentos presentados por la defensa argentina se destaca que la orden no respeta el principio de cortesía internacional (comity) y que viola la inmunidad soberana de Argentina, un punto que también fue sostenido por el Gobierno de Estados Unidos en su presentación. También se argumentó que las acciones de la empresa están depositadas en el país, no en Estados Unidos, y que no tienen relación con la actividad comercial de la petrolera que cimenta la demanda de Burford.

Los abogados estadounidenses del país argumentaron que "los demandantes no lograron demostrar la existencia de un perjuicio en caso de que se suspenda la entrega de las acciones". Según ellos, la ley argentina prohíbe la venta de las acciones sin la aprobación de dos tercios del Congreso Nacional, lo que impide cualquier riesgo de "disipación" de los activos.

Paralelamente, Burford Capital solicitó otras medidas, como el "alter ego", una figura legal que busca demostrar que el Estado y YPF no son entidades independientes. De probarse, Burford podría cobrar la deuda de otras tenencias o activos del Estado, incluyendo las reservas de oro que fueron enviadas al exterior. 

Asimismo, la jueza Preska ordenó que Argentina entregue comunicaciones de los ex ministros de Economía Luis Caputo y Sergio Massa, un pedido que el país acató.