Con la salida confirmada de LATAM Argentina, la discusión ahora pasará sobre el futuro de los 1.700 trabajadores de la filial argentina de la aerolínea, que seguirá operando algunas rutas en el país con sus filiales de Chile, Brasil y Perú.

Con el Procedimiento Preventivo de Crisis en marcha, el ministerio de Trabajo buscará la forma de frenar la salida de la empresa del país, algo que los directivos de la firma aseguran que no tiene marcha atrás.

Los gremios, mientras tanto, hicieron duros cuestionamientos a la decisión de la empresa y pidieron que no se le permita sacar los aviones del país, pero no ofrecieron precisiones sobre cómo podrían mantener las fuentes laborales.

También hay dudas sobre el impacto que tendrá la medida no sólo en las provincias que pierden sus vuelos, sino también en los cerca de 1.300 proveedores de la compañía a lo largo de todo el país.

Como en todas las aerolíneas, LATAM negocia con un grupo de gremios: UPAL, USTARA y APLA por los pilotos (UPAL, un gremio creado dentro de la misma firma, concentra cerca del 60% de los pilotos, el resto está en su mayoría en APLA). USTARA, en tanto, agrupa al 75% de sus empleados despachantes, mientras que APA y UPSA representan al 100% de los trabajadores de los aeropuertos (general y superiores, respectivamente).

La negociación será larga. A fines de mayo el gobierno decretó por otros dos meses la prohibición de despedir personal. De ahí que LATAM haya anunciado el “cese de operaciones por tiempo indeterminado”, debido a que eso les exige la actual normativa. En realidad, lo que decidieron es disolver la empresa.

“Ante la crisis, en otros países se lograron acuerdos con los trabajadores. En Brasil, Chile y Perú hubo una reducción del orden del 50% en los salarios. Acá se firmó un aumento del 54% en los sueldos en enero. Durante varias audiencias que se dieron en abril se intentó pactar algo similar al resto de los vecinos en Argentina, pero no fue posible. En este marco, y sin avizorar un horizonte donde la operación pueda ser rentable, la empresa decidió que tenía que disolverse para poder cumplir con las indemnizaciones que deberá pagar y devolver el dinero a quienes reservaron pasajes”, dijeron a Crónica desde LATAM.

“A eso súmale que acá está prohibido por ley vender pasajes para cuando se retome la operatoria normal. Es decir, tenemos cero ingresos desde hace más de dos meses y teniendo que pagar el 100% de los costos. Es imposible así”, aseguraron voceros.

Cabe destacar que el 27 de mayo el ministerio de Trabajo ordenó a la firma el pago del 100% de los salarios, luego del anuncio sin acuerdo de la compañía de pagar la mitad a sus empleados mientras dure la pandemia.

También que la casa matriz de Latam en Estados Unidos pidió en mayo una convocatoria de acreedores dentro de la ley de quiebra de ese país. Y que hubo despidos en Chile, Perú y Colombia. Sin embargo, el único país donde informaron un cese de operaciones es el nuestro.

Pese a eso, todavía conserva las rutas oficialmente, por lo que las autoridades del ministerio de Trabajo seguirán buscando una forma de mantener la operación de la empresa, según señalaron a Crónica.

Desde APLA, en tanto, dispararon munición gruesa contra la dirigencia empresaria. 
"Estos empresarios miserables piensan en dividir sus ganancias millonarias entre ellos, mientras dejan en la calle a trabajadores en todo el continente, y en Argentina a más de 2000 trabajadores efectivos y tercerizados. No lo vamos a permitir", señalaron en un comunicado difundido minutos atrás.

Esta mañana el secretario general del gremi, Pablo Biró remarcó que la empresa venía con pérdidas en el país pero que no tenía un escenario para dejar de operar, y aseguró que intentaron aprovechar la pandemia para desarmar sus oficinas locales sin pagar el costo ante la opinión pública.