La maniobra, denunciada por la Aduana en la justicia el pasado 21 de julio, consistía en importar supuesto material tecnológico al Área Aduanera Especial de Tierra del Fuego, pero que en realidad eran simples cajas vacías o “tecnología basura”.

La mercadería tenía como origen China, pero estaba facturada por una empresa extranjera con sede en el estado de Delaware, Estados Unidos, constituida el 15 de mayo de 2020.

Lo llamativo para la Aduana fue que las facturas que amparan las destinaciones tienen como fecha de emisión el mes de marzo de 2020, dos años antes de las “supuestas importaciones” que se detectaron y dos meses antes a la creación de la empresa trader del exterior. Por este motivo la operación paso a canal rojo y verificación exhaustiva.

La basura tecnológica se pretendía importar a USD 1,5 millones, cuando en realidad el valor de la “mercadería” no superaba los USD 30 mil (el valor residual del plástico y el aluminio de los equipos simulados).

Si se considera la brecha entre el dólar oficial y el dólar contado con liquidación, haberle permitido girar a la empresa importadora los USD 1,5 millones le hubiera implicado una ganancia ilícita de $ 300 millones.

“Las reservas las debemos cuidar para la producción y la generación de empleo, y evitar que se destinen a maniobras irregulares con el simple objetivo de sacarle dólares al valor oficial al Estado”, resaltó el Director General de Aduanas, Guillermo Michel.

La causa penal está radicada en el Juzgado Federal de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y ya se ordenaron allanamientos y medidas judiciales.

El material tecnológico que no existe.

El supuesto material tecnológico carecía de circuitos integrados, microprocesadores, memorias, drivers, no tenía funcionalidad eléctrica ni electrónica alguna; eran simples simulaciones de tecnología, una especie de cajas vacías cuyo valor por unidad no supera los USD 40 (equivalente al valor de los plásticos y el aluminio) pero los “importadores” pretendieron engañar los controles aduaneros declarando ese valor unitario por USD 1.780.

Los “equipos simulados” carecían de conectores, lo que impidió en principio su puesta en marcha, habida cuenta que en el mercado nacional no pudo obtenerse esos conectores.

Ante esta situación, Aduana realizó un pedido de informe por parte de la Aduana a la Asociación Civil Centro de Desarrollo Tecnológico de Tierra del Fuego (CEN-TEC Río Grande) en relación a la calidad, especie y demás características técnicas de las placas de videos en cuestión, donde se logró detectar que “la mercadería correspondía a simulaciones de placas de video vacías, carentes de cualquier tipo de valor y/o utilidad residual, más que el peso de los metales que la constituía”.