La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó este lunes un amparo judicial para frenar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/2025 dictado por el Gobierno que limita el derecho a huelga y amplía las actividades consideradas esenciales. Entre sus fundamentos, sostuvo que la medida es "anticonstitucional".

La presentación judicial se hizo ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 3, a cargo de Moira Fullana, y resultó un movimiento estratégico de la central obrera. Ocurre que la justicia laboral frenó tiempo atrás el DNU 70/2023 que intentó imponer una reforma laboral sin debate previo en el Congreso.

Según el amparo de la CGT, el nuevo DNU firmado por el presidente Javier Milei reglamenta "de manera restrictiva el derecho de huelga, ampliando arbitrariamente la lista de actividades consideradas ´servicios esenciales´". Además planteó que la medida impone niveles mínimos de prestación (del 75% al 50%) que, en los hechos, “imposibilitan el ejercicio legítimo de las medidas de fuerza”.

Asimismo, la central obrera señaló que el decreto vulnera el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otras normas con jerarquía constitucional que garantizan la libertad sindical y el derecho a la huelga.

Incluso, alertó sobre un uso inconstitucional del DNU 340/2025. "Fue dictado sin que se verifiquen los requisitos de necesidad y urgencia que exige el artículo 99 inc. 3 de la Constitución Nacional, en un contexto de funcionamiento normal del Congreso Nacional. La reforma del régimen legal de la huelga no puede realizarse por decreto", indicó el equipo de abogados de la CGT.

 

Entre otros fundamentos, argumentó que el derecho a la huelga es esencial para equilibrar el poder en la negociación colectiva: “Su limitación debilita la capacidad de acción sindical y consolida relaciones laborales desiguales”. Y en definitiva, solicitó "una medida cautelar de no innovar para suspender de forma inmediata la aplicación de los artículos 2° y 3° del DNU 340/2025, a fin de evitar perjuicios irreparables al movimiento obrero y preservar el pleno ejercicio de los derechos sindicales mientras se resuelve el fondo del planteo".

Se trata del segundo amparo contra el DNU que limita el derecho a huelga, luego del presentado días atrás por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). "Esperemos que la Justicia actúe con rapidez. Los efectos de este decreto deben ser suspendidos inmediatamente", manifestó su secretario general, Rodolfo Aguiar.

El recurso impulsado por ATE recayó en el Juzgado Nacional de 1ª Instancia del Trabajo Nº 20. "Prácticamente el mismo texto ya fue declarado inconstitucional. En esta instancia, no hay otra cosa que hacer más que ratificar lo anteriormente sentenciado. Muchas de las actividades que se plantean como esenciales las brinda el Estado", señaló Aguiar. Y concluyó: "Por lo tanto, esta norma dictada por el Ejecutivo nos afecta de manera directa a ATE y a todos los trabajadores estatales".