El Consejo Directivo de la CGT resolvió no participar de la mesa de diálogo tripartito que intenta coordinar el Gobierno con sectores empresariales y sindicales y que iba a empezar a funcionar la semana que viene.

Asimismo, la cúpula de la entidad decidió sumarse a la marcha que organizaciones sociales planean llevar a cabo el próximo 7 de agosto desde el templo de San Cayetano (patrono del pan y del trabajo), en el barrio de Liniers, hacia la Plaza de Mayo.

Las resoluciones fueron tomadas en un encuentro realizado este jueves por la tarde en la sede de la central obrera, ubicada en Azopardo 802. El encuentro fue liderado por los tres secretarios de la entidad: Héctor Daer (Sanidad), Carlos Acuña (Estaciones de Servicio) y Pablo Moyano (Camioneros).

Del encuentro no participó Gerardo Martínez (UOCRA), uno de los referentes del sector dialoguista, porque está en el foro ministerial del G20 que se realiza en Fortaleza, Brasil. Entre los que estuvieron, además de los secretarios generales, se contó a José Luis Lingeri (AySA), Andrés Rodríguez (UPCN), Rodolfo Daer (Alimentación), Sergio Romero (UDA), Mario Manrique (SMATA), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento) y Jorge Sola (Seguros), entre otros.

El saldo de la reunión fue un claro triunfo del ala combativa, encarnado por Pablo Moyano pero con claro acompañamiento de gremios como La Bancaria, Aceiteros y los estatales de ATE. Todos ellos están disconformes con la reimplantación de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, que afecta a mucho de sus trabajadores, y en el caso de ATE con la ola de cesantías en el sector público.

El grupo dialoguista, al que también adscriben los otros dos secretarios generales, Héctor Daer y Carlos Acuña, era más proclive a conversar con el Gobierno para tratar de suavizar la implementación de las reformas laborales incluidas en la Ley Bases a través de los decretos reglamentarios.

La reforma laboral que impulsa el Gobierno tiene tres ejes: habilitar la posibilidad de un fondo de cese laboral como alternativa a las indemnizaciones; un blanqueo para promocionar el empleo registrado, y la ampliación a un año del período de prueba.

Con ese fin se habían reunido la semana pasada con el secretario de Trabajo, Julio Cordero. En esa reunión (a la que sugestivamente Moyano no asistió), los dirigentes pidieron que el Gobierno retirara la apelación del amparo con que la central obrera logró frenar el capítulo laboral del DNU 70/23, una de las primeras medidas que había dispuesto Javier Milei.

Después de aquella audiencia, el funcionario se había mostrado esperanzado en que la semana entrante pudieran sentarse a la misma mesa empresarios y gremialistas.

Sin embargo, la negativa oficial a elevar el piso mínimo a partir del cual los trabajadores deberán pagar el Impuesto a las Ganancias, que comenzará a descontarse de los salarios desde este mes, reveló (a juicio de los sindicalistas) la poca voluntad del Gobierno para facilitar el diálogo entre las partes.

Pablo Moyano ya había anticipado antes de la reunión su voluntad de “seguir estando en la calle defendiendo lo que se logró y lo que este gobierno nos quiere quitar a través de la Ley Bases, la reforma laboral y el Pacto de Mayo”. 

El dirigente de Camioneros también se había expresado en favor de adherir a la marcha del 7 de agosto. “Yo quisiera movilizar todos los días, pero no puedo obligar al Consejo Directivo a llevar adelante medidas”, señaló el dirigente.

Hasta ahora hubo dos paros nacionales dispuestos por la central obrera, en enero y en mayo.