Mientras el peronismo confirma que marchará este miércoles cuando se defina la detención de la expresidenta Cristina Kirchner, hay expectativa por una reunión clave en la sede nacional del Partido Justicialista (PJ), adonde está convocada este martes la cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT) para organizar sus columnas en la movilización. Se definirá en las próximas horas si la central obrera llama también al paro general, como ya lo anticiparon las dos CTA. 

El encuentro de la dirigencia del peronismo y los secretarios generales Héctor Daer (Sanidad); Carlos Acuña (estacioneros); y OctavioArgüello (Camioneros -reemplazó a Pablo Moyano desde diciembre de 2024), iba a ser el último viernes pero se pasó para este martes, 24 horas antes de la marcha. 

Desde que la Corte Suprema ratificó con su fallo la condena de 6 de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a Cristina Kirchner en el marco de la Causa Vialidad, los triunviros reciben fuertes presiones internas por el llamado a un paro general. 

Si bien la convocatoria al PJ que les extendieron los coordinadores del plan de acción del justicialismo y de la campaña Cristina Libre tiene como finalidad formal la organización de los gremios que integran a la central obrera y que se plegarán a la marcha de este miércoles, podría ser inevitable que la posibilidad de un cese de tareas en repudio al fallo de la Corte Suprema contra la expresidenta y titular del partido a nivel nacional quede afuera de la mesa de discusión.

En ese marco, no pasó desapercibida la ausencia de los triunviros en la reunión ampliada que se realizó en el PJ después del fallo. En especial, porque sí participaron por el sindicalismo: Abel Furlán, secretario general de la UOM; Sergio Palazzo, de la Asociación Bancaria; Guillermo Moser, líder de la Federación de Luz y Fuerza (FATLyF); Vanesa Siley, la diputada y dirigenta de judiciales; Mario Manrique, del sindicato de mecánicos SMATA; y Norberto Di Próspero, secretario general del personal legislativo (APL).

A esa cumbre se sumaron la CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores, conducidas por Hugo “Cachorro” Godoy y Hugo Yasky, respectivamente, quienes en paralelo anunciaron un cese de actividades. “Marchar el miércoles acompañando a Cristina es también una forma de luchar por una vida digna para nuestro pueblo”, aseguraron.

Por esos días de la semana pasada, la CGT emitió un comunicado de repudio contra el fallo de la Corte Suprema. El cosecretario general, Argüello, aclaró que "no somos una sucursal partidaria. Si se decide un paro, debe ser por cuestiones más amplias, no solo por este caso",. Y rechazó en declaraciones a El Destape las comparaciones entre el gobierno de Javier Milei y las dictaduras: “Repudiamos el fallo, pero este Gobierno fue elegido en las urnas”.

Su antecesor en el cargo, Pablo Moyano, quien se corrió por diferencias internas con la cúpula, visitó a Cristina en su casa del barrio de Constitución la semana pasada, ratificó el apoyo de los trabajadores camioneros y pidió “dejarse de joder y unirse para derrotar a la derecha”.

Otras voces de la CGT, como la de Carlos Minucci, líder de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE), se encargaron de hacer un llamado público a los triunviros para que convoquen a un paro nacional con movilización: “No sabemos qué se está esperando. Ya hemos pedido. Los gremios estamos pidiendo proceder con un paro con movilización acompañando a la líder del peronismo. Hasta ahora, no tenemos respuesta”, afirmó en diálogo con radio 750.

La CGT elegirá en septiembre una nueva cúpula. Hasta entonces y según anticipaban semanas atrás fuentes del entorno de los triunviros a este medio, no hay planes de confrontar con el gobierno de Milei. Consideran que no está dado el contexto para otra huelga general. La última (y tercera contra la gestión libertaria y su política sobre los salarios de los trabajadores y los jubilados) fue el 10 de abril.

En su counicado tras el fallo de la Corte contra Cristina, la CGT denunció que “la democracia está en peligro”. “La persecución a los candidatos confirma que la proscripción electoral es una condición necesaria para imponer un modelo económico y social de desigualdad, fragmentación y empobrecimiento de las mayorías”, concluyó.