Ante el protocolo antipiquetes que pretende aplicar el Gobierno nacional en casos de manifestaciones en calles y rutas, la CTA de los Trabajadores, que encabeza Hugo Yasky, rechazó la resolución de Ministerio de Seguridad sobre la protesta social, al considerar que esa normativa "restringe la libertad de expresión y el ejercicio del derecho a peticionar ante las autoridades".

"Utilizando el argumento de establecer un 'Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación' la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, introduce elementos peligrosos y violatorios del estado de derecho, como la autorización para realizar tareas de “inteligencia” sobre los dirigentes y organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles, o políticas, que organicen las protestas", señalaron desde la CTA de los Trabajadores en un comunicado.

 

Para la Central de Trabajadores de la Argentina está claro que con esta iniciativa "se intenta amedrentar a la población para callar las legítimas manifestaciones públicas que surgirán tras los efectos brutales de sus propias políticas de ajuste".

"Recordamos que la Constitución Nacional en su artículo 14, garantiza –entre otros derechos- que todos los habitantes de la Nación gocen del derecho a peticionar a las autoridades y que resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos señalan que el ejercicio del derecho de reunión a través de la protesta social no debe sujetarse a una autorización por parte de las autoridades ni a requisitos excesivos que dificulten su realización", se sostuvo.

Rechazo al protocolo

En ese sentido, se consignó que organizaciones como la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas (CSA), que representan a 333 organizaciones afiliadas en 162 países y a 180 millones de trabajadores y trabajadoras, rechazaron la aplicación de este protocolo.

"Exigimos al Gobierno Nacional la inmediata derogación del protocolo, rechazamos cualquier intento de cercenar los derechos de las y los ciudadanos a peticionar ante las autoridades. Este anuncio de la ministra de Seguridad deja en evidencia la determinación de criminalizar la protesta social", remarcaron desde la CTA de los Trabajadores.