En el marco del tercer día de paro nacional en las universidades públicas, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) advirtió sobre las graves consecuencias que la caída salarial está teniendo sobre los docentes y no docentes del sistema universitario. Según la unidad académica, la reducción del poder adquisitivo pone en riesgo no solo la continuidad de la actividad docente, sino también la investigación y la extensión universitaria.

El Consejo Directivo de la Facultad de Derecho emitió una declaración en la que solicitó al Gobierno una "respuesta rápida" y "sensible" a los reclamos salariales de los gremios docentes, tal como lo hizo después de la marcha nacional universitaria de abril pasado. 

En el comunicado, se destaca que "los salarios docentes y no docentes de las universidades nacionales han sufrido un deterioro del 40% respecto a la inflación acumulada desde fin de año hasta el presente" y se señala que han sido discriminados respecto a la pauta general de aumentos en el sector público, quedando un 20% por debajo de los aumentos registrados en otros sectores.

La Facultad de Derecho remarcó que esta situación "afecta de forma sensible las condiciones de ejercicio de las tareas de docencia, investigación y extensión universitaria" y que "pone en riesgo la continuidad de las carreras académicas de cientos de docentes que sostienen las tareas de formación de las nuevas generaciones de profesionales".

Conflicto salarial docente

El contexto en el que se desarrolla esta declaración es crítico. Las clases del segundo cuatrimestre no comenzaron el lunes en la mayoría de las universidades públicas debido a un paro docente que cuenta con un alto nivel de acatamiento. 

El conflicto salarial se agravó luego de que, en una reciente reunión paritaria, el Gobierno ofreciera un aumento del 3% para agosto y un 2% para septiembre, una propuesta rechazada por los gremios por estar muy por debajo de los índices inflacionarios y del retraso salarial acumulado en 2024.

La declaración de la Facultad de Derecho coincide con la postura de otras facultades y universidades del país que también manifestaron su preocupación por el ajuste que el Poder Ejecutivo está llevando adelante sobre las remuneraciones de los trabajadores universitarios. 

El comunicado subraya que estas políticas no solo afectan la práctica docente, sino también los "proyectos de investigación científica" y "condicionan severamente las capacidades de intervención de la universidad en sus comunidades a través de las acciones de extensión universitaria, como por ejemplo el patrocinio jurídico gratuito de esta Facultad".

Además, se recordó que, aunque el Gobierno reconoció en abril pasado la necesidad de actualizar el presupuesto de las universidades nacionales, solo lo hizo en lo que respecta a los gastos de funcionamiento, que representan solo el 10% del total del presupuesto, mientras que "la falta de actualización salarial afecta al 90% restante".

Movilización frente al Congreso y próximas medidas de fuerza

Ante esta situación, cientos de docentes, no docentes y estudiantes se movilizan este mediodía frente al Congreso, en una jornada nacional de lucha que cuenta con el apoyo de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y otros sindicatos universitarios. 

Los reclamos no se limitan a la cuestión salarial, sino que también incluyen demandas como la convocatoria a una paritaria nacional docente con un piso salarial acorde a la inflación, el rechazo al pago del FONID, y la oposición a declarar la educación pública como "esencial", lo que limitaría el derecho de huelga en el sector.

La jornada de protesta de hoy forma parte de una serie de medidas de fuerza que continuarán con un nuevo paro de 48 horas programado para los días 20 y 21 de agosto. 

Daniel Ricci, secretario general de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), señaló que "el Gobierno no dio respuestas a nuestros reclamos a pesar de que venimos perdiendo más del 50% de nuestro salario este año a causa de la inflación y los pobres aumentos que el Ministerio de Capital Humano decide de manera unilateral".

En tanto, Emiliano Cagnacci, secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA), enfatizó que "este tipo de decisiones sobre los salarios universitarios que toma el Ministerio de Capital Humano está íntimamente relacionado con el modelo de país que imaginan. El Gobierno, con su accionar sobre el sistema universitario, está poniendo en jaque el proyecto de país que soñamos".