La Justicia aprob贸 el protocolo de seguridad de Patricia Bullrich para presos de alto riesgo
la Sala IV de la C谩mara Federal de Casaci贸n Penal ratific贸 la plena vigencia del Sistema Integral de Gesti贸n para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo, aprobado por la Resoluci贸n 35/2024 del Ministero de Justicia tras la queja presentada por la defensa de Guillermo Rafael Bosc谩n Bracho, l铆der de una banda narco.
Este viernes, mediante un comunicado oficial el Ministerio de Seguiridad Nacional inform贸 que la Sala IV de la C谩mara Federal de Casaci贸n Penal rechaz贸 la queja presentada por la defensa de Guillermo Rafael Bosc谩n Bracho, alias "Yiyi", mientras que ratific贸 la plena vigencia del Sistema Integral de Gesti贸n para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo, aprobado por la Resoluci贸n 35/2024 de la citada cartera a cargo de Patricia Bullrich.
En el documento emitido se detall贸 que Bosc谩n Bracho, l铆der de una de las bandas narcocriminales m谩s peligrosas del estado venezolano de Zulia 鈥攆rontera con Colombia鈥, ten铆a una circular roja de Interpol y fue detenido en Argentina.聽
As铆 las cosas, la organizaci贸n que encabezaba est谩 vinculada a graves delitos transnacionales, lo que motiv贸 su inclusi贸n en el r茅gimen de alto riesgo que establece condiciones especiales para su detenci贸n.
Por su parte, el m谩ximo tribunal penal del pa铆s, integrado por los jueces Mariano Hern谩n Borinsky (presidente), Javier Carbajo y Gustavo Hornos (vocales), resolvi贸 no hacer lugar a la queja interpuesta contra la resoluci贸n de la C谩mara Federal de Apelaciones de Corrientes, que hab铆a confirmado la aplicaci贸n del r茅gimen especial.聽
Cabe recordar que, el texto manifiesta: 鈥淟a defensa hab铆a planteado que la incorporaci贸n al sistema de alto riesgo violaba garant铆as constitucionales y afectaba el derecho de defensa en juicio鈥.
Por 煤ltimo, se record贸 que el Tribunal dej贸 en claro que la medida de habeas corpus promovida solo se hab铆a limitado a ampliar las visitas y comunicaciones telef贸nicas del detenido, lo cual ya hab铆a sido concedido por la justicia federal, y que cualquier planteo sobre la inclusi贸n en el sistema de alto riesgo deb铆a realizarse a trav茅s de los mecanismos procesales correspondientes.