La Cámara Federal porteña convalidó el llamado a Alberto Fernández para que se le tome declaración indagatoria en la causa por probables irregularidades en la contratación de seguros por parte del Estado nacional.

Los camaristas Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah, de la Sala II, rechazaron un planteo de nulidad presentado por la defensa del expresidente, en el que la letrada Mariana Barbitta sostenía que la citación había sido formulada “por una autoridad judicial cuya imparcialidad se encuentra cuestionada”. 

La referencia es al juez federal Julián Ercolini, contra quien al principio del proceso se había presentado una recusación que, si bien fue rechazada, todavía no fue revisada por la Corte Suprema.

“La valoración que haga el director del proceso sobre el mérito reunido para disponer el llamado, resulta ajena a cualquier tipo de revisión por parte de la Alzada, toda vez que la instancia de apelación, respecto de dicha decisión, se encuentra vedada por el artículo 449 y siguientes del código de forma”, sostuvo el camarista Martín Irurzun en su voto.

El juez Julián Ercolini tiene previsto tomar declaración indagatoria a 39 personas. La ronda finalizaría el 27 de diciembre, aunque algunas declaraciones fueron postergadas por pedido de los imputados, con lo que en los hechos esa etapa del proceso recién finalizaría después de la feria judicial de enero.

Alberto Fernández ya había concurrido a declarar en los tribunales de Comodoro Py el pasado miércoles 27 de noviembre. En esa ocasión, sin embargo, se limitó a presentar un escrito y solamente aceptó contestar las preguntas formuladas por su propia abogada.

El ex jefe de Estado está imputado por presunta administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública en el marco de un esquema irregular de intermediación de seguros públicos, que habría involucrado a Nación Seguros S.A., una empresa estatal.

La causa también alcanza a otros ex funcionarios y empresarios que habrían actuado de manera coordinada para dirigir irregularmente la contratación de seguros a través de intermediarios privados.

Los ojos de la Justicia apuntan hacia Héctor Martínez Sosa, uno de los brokers que más creció en la actividad en los últimos años. Su esposa, María Cantero, fue durante muchos años la secretaria privada del expresidente. 

Fernández nunca negó su “relación de afecto” con Martínez Sosa, aunque dijo que nunca hizo gestión alguna para favorecerlo en la adjudicación de contrataciones por parte del Estado.

En paralelo, el exjefe de Estado afronta otra causa por presunta violencia de género, tras la denuncia hecha por su pareja Fabiola Yañez. En ese marco, Alberto Fernández tiene prohibido tomar contacto con ella ni enviarle mensajes. Francisco, el pequeño hijo de ambos, reside con su madre en Madrid.