Luego de denuncias por presunta asociación ilícita de Ángel García, la Sala IX, con la firma de los camaristas Álvaro Balestrini y Roberto Pompa, dictaminó a favor de García, poniendo otra vez en sus manos el gremio de seguridad privada y provocando la reacción de todos los trabajadores.

El candidato a Secretario General de la Unión Personal de Seguridad Privada de la Republica Argentina (UPSRA), Julio Gutiérrez, denunció que es un “escándalo judicial” y pidió que el Ministerio de Producción y Trabajo apele urgente el fallo “porque es una medida que va contra los intereses de los trabajadores”. 

"Lo de estos jueces es un escándalo judicial y habla de algo muy extraño y poco visto en la historia judicial. De prosperar esta medida atenta contra los trabajadores porque le están devolviendo un gremio al ex secretario general Ángel Garcia que aún maneja la obra social junto a su esposa Celestina Ferrara y que tiene abandonada la salud de los trabajadores. La propia Superintendencia de Servicios de Salud luego de una auditoría, señalño que corre riesgo prestacional", dijo Gurierrez. 

Y agregó: "Es muy extraño que a solo 15 dias de las elecciones y, luego de tener el gremio intervenido por dos años, una sala diferente de la misma cámara le quiera devolver el Gremio a Garcia que esta siendo investigado porque entre diciembre de 2016 y julio de 2017 desviaron fondos del sindicato a la obra social por 110 millones de pesos para pagarle a prestadores relacionados con García. Le pido a la intervención actual y al Ministerio de Trabajo que apelen esta medida". 

Con fecha 20 de septiembre del 2018, la justicia le había cerrado las puertas al ex titular de la Unión de Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA), Ángel García, en sus intenciones de retornar al sillón de mando de la organización.

La Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo decidió ratificar la intervención en el gremio e instó a avanzar en el proceso de normalización para que los afiliados puedan volver a elegir su conducción.

El Tribunal rechazó de plano la medida cautelar solicitada por García, quien tuvo que pagar las costas del litigio, contra la acción del ministerio de Trabajo sobre el sindicato. 

El pedido de García -que comandó el gremio apadrinado por Luis Barrionuevo durante más de 30 años- fue rechazado validando la denuncia efectuada por un grupo de afiliados, y ratificada por Trabajo y órganos judiciales, sobre la “ineficacia jurídica asociacional de distintos actos asamblearios”, que llevaron a la intervención de la organización.

A su vez, el fallo solicitó al Delegado Normalizador de UPSRA que reitere por “otros medios masivos de comunicación oral y escrita” la convocatoria a la asamblea general extraordinaria, convocada para el 8 de octubre. Ese día se definirá a la Junta Electoral que fiscalizará todo el proceso de elección de autoridades que, según estiman quienes siguen el tema, será a principios de 2019 y pondrá punto final a la intervención.

Sin embargo con la firma de los camaristas Álvaro Balestrini y Roberto Pompa, la Sala IX dictaminó a favor de García. Con fecha 26 de diciembre del 2018, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala IX, en los autos caratulados "Causa N°: 53147/2017 - GARCÍA, ÁNGEL ALBERTO Y OTRO c/ MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL s/ LEY DE ASOC. SINDICALES", vuelve a tratar los mismos tópicos que fueron juzgados con anterioridad por la sala VI, existiendo litispendencia, cosa juzgada, tema resuelto.