El oficialismo en la Cámara de Diputados convocó para la próxima semana la primera reunión informativa conjunta, para avanzar con el tratamiento en comisiones de la denominada Ley Ómnibus y así llegar a sesionar el 25 de enero para evitar prorrogar las sesiones extraordinarias. 

Serán el martes y el miércoles que viene, entre las 14 y las 20, y entre las 9 y las 20, respectivamente, en la Sala de Reuniones del edificio del Anexo, luego que el oficialismo convocara formalmente a las Reuniones Informativas Conjuntas de las Comisiones de Legislación General, de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales para tratar el proyecto de ley de "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos" impulsado por el Poder Ejecutivo.

 

Además, según informó Gabriel Bornoroni, presidente de la Comisión de Legislación General de la Cámara baja, asistirán funcionarios nacionales para explicar y responder preguntas sobre la polémica iniciativa, aunque en la citación también se aclaró que los mismos pueden conectarse por vía remota.

Una de las posibilidades es que concurra el ministro de Economía, Nicolás Caputo y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse.

 

En las notas por las cuales fueron convocados los diputados se les solicitó que hagan llegar las preguntas que consideren necesarias antes del lunes a las 20. Por tratarse de reuniones 'informativas' no se contempla la posibilidad de que en las mismas se pueda avanzar con la firma de dictámenes. Cabe recordar que el proyecto denominado "Ley Ómnibus" pide declarar la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025. También plantea reformas impositivas, se suspende la aplicación de la fórmula para actualizar los haberes previsionales y se habilita a imponer sanciones a la protesta, entre otras medidas.

 

 

No obstante, el ministro del Interior, Guillermo Francos, señaló que se realizarán cambios en los artículos que se refieren a la actividad pesquera que forman parte del proyecto. 

Tras las críticas que el Gobierno había recibido por parte de los gobernadores de las cinco provincias patagónicas y de las cámaras y sindicatos del sector, Francos recibió en su oficina de Casa Rosada al mandatario de Chubut, Ignacio Torres, y al intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro.

El funcionario adelantó que, a partir de lo dialogado, realizarán algunas "clarificaciones" en el proyecto de Ley para superar de esta forma las controversias que se generaron en torno al tema. "Como ha habido algunas preocupaciones vamos a clarificarlas, porque nuestro espíritu es el mismo que tienen los gobiernos provinciales, no había una diferencia allí, lo que pretendíamos es que todo este proceso se haga de una manera transparente y eficiente y proteger la pesca en las 200 millas", aseguró Francos.

Los tres ejes principales de preocupación para las autoridades patagónicas eran: la modificatoria en la obligatoriedad de descarga en los puertos argentinos; la competencia desigual en los cupos de captura; y, finalmente, la eliminación de la obligatoriedad de contratar personal de nacionalidad argentina.

Asimismo, más temprano el Presidente Javier Milei ordenó enviar al Congreso el DNU que desregula la economía, de manera que desde el viernes se abrió un plazo de 10 días hábiles para su análisis en la Comisión Bicameral.

El decreto fue girado por la Jefatura de Gabinete que conduce Nicolás Posse -como lo indica la Constitución-, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales con el Parlamento y la Sociedad Civil. Ingresó por la Cámara alta poco antes de las 15. Ahora se debe conformar la comisión con ocho diputados y ocho senadores.