La Organización de las Naciones Unidas (ONU) evaluará este lunes, en Ginebra, la denuncia de " lawfare " presentada por el gobierno nacional en un informe oficial sobre la situación de los derechos humanos en la Argentina. Se trata de un documento sobre el Examen Periódico Universal ( EPU ) argentino, que fue redactado por la Secretaría de Derechos Humanos con el apoyo técnico de la Cancillería y tiene 30 fojas.

 

A las 14.30 en Ginebra -10 de Buenos Aires-, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, expondrá frente al Consejo de Derechos Humanos sobre la situación del país, algo que los Estados deben hacer cada cuatro o cinco años.

El secretario tiene planeado presentar dos casos para ejemplificar la persecución política por vía judicial: el de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el de la dirigente social Milagro Sala, que esta semana cumplió siete años de detención.

Además, se espera que señale que el país enfrenta desafíos de la mano del lawfare o la guerra jurídica y de los discursos de odio que pueden llevar a herir de muerte los consensos que la Argentina se dio tras el retorno democrático.

En el informe se destaca que el gobierno de Alberto Fernández "desde sus primeras manifestaciones públicas reivindicó la defensa de los derechos humanos como 'columna vertebral' de las políticas que se adoptarían en nuestro país" y, al definir los desafíos pendientes, llamaron la atención por la existencia de "los denominados discursos de odio, y sus implicancias para la convivencia democrática".

“Los discursos de odio han tomado mayor visibilidad en los últimos tiempos debido a los graves sucesos acaecidos recientemente, que culminaron con el intento de magnicidio de la actual vicepresidenta de la Nación, y dos veces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner ”, sostiene la presentación . Asimismo, marca que "estos postulados se advierten de modo creciente en diversos espacios políticos, en medios masivos de comunicación y en redes sociales".

"Desde el actual gobierno nacional y el movimiento de derechos humanos se advierte que la práctica del lawfare -impulsada por sectores del Poder Judicial, la oposición política y sectores concentrados del poder económico y mediático- constituye una práctica violatoria de los derechos humanos y opera como condicionante de los procesos electorales, de la agenda política y de la opinión pública”, plantea.

Sobre este punto, se destaca que en las causas judiciales, como las que enfrenta Cristina, "bajo la excusa de la investigación y sanción de hechos de corrupción, se violan garantías fundamentales del estado de derecho: se desconocen garantías básicas del debido proceso como la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el principio de objetividad que debe guiar la actuación del Ministerio Público Fiscal".

"Estas causas penales se impulsan únicamente en contra de los referentes políticos que representan a los sectores populares", asegura el informe.

 

La exposición de los funcionarios argentinos se extenderá durante tres horas y medios, tras el discurso, habrá más de 100 preguntas por parte de los Estados miembros y los funcionarios de Naciones Unidas.

Las sesiones en el Consejo se extenderán hasta el 3 de febrero. Para entonces se conocerán las recomendaciones preliminares que harán desde ese órgano de Naciones Unidas al país.