Este lunes, la defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó ante la Justicia el listado con las personas autorizadas para ingresar a su vivienda, en la cual cumple prisión domiciliaria en el marco de la causa Vialidad. La nómina debe ser aprobada por los jueces del Tribunal Oral Federal (TOF) 2.

La ex mandataria cumple con el arresto domiciliario en un departamento ubicado en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución. Los jueces del TOF 2 —integrado por Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu— le informaron a los abogados de Cristina Kirchner que la lista debe estar dividida en cuatro categorías: familiares, médicos, representantes legales y personal de custodia.

En tanto, los magistrados le señalaron al abogado de la ex vicepresidenta, Carlos Beraldi, que en caso de tener visitas por fuera del listado, ya sea periodistas, aliados políticos, partidarios o personal de confianza, deberá contar con una autorización especial.

Asimismo, Beraldi solicitó a los jueces que la cantidad de visitas no sea limitada ya que se trata de una "persona con vida social". "Nuestra asistida no ha perdido ninguno de los demás derechos inherentes a su condición humana, tanto civiles como políticos", recalcó.

El letrado se basó en el artículo 19 de la Constitución Nacional para destacar que aquellas personas que cumplen una prisión domiciliaria "pueden desarrollar todas las actividades que no se encuentran prohibidas por la ley".

 

El diputado nacional Leopoldo Moreau criticó a la Justicia por querer "aislar" a Cristina Kirchner con "restricciones". "No hay ningún detenido con domiciliaria, y menos aún con pulsera electrónica, al que haya que visitar en su domicilio con previa autorización judicial", apuntó en un mensaje en su cuenta en X.

"Ella puede recibir a quien quiera y en el momento que quiera porque sus derechos civiles y políticos no están cercenados, salvo en los aspectos específicos de la sentencia, a los que los jueces no pueden agregar arbitrariamente otro tipo de penas", advirtió el legislador de Unión por la Patria.

En tanto, puntualizó el caso de los legisladores quienes "por disposición constitucional" gozan de "fueros e inmunidades parlamentarias", las cuales "no pueden ser limitadas, restringidas ni reglamentadas por resoluciones judiciales".

"Si cualquier órgano judicial pretende impedir esta facultad o el ejercicio de este derecho estará provocando un severísimo conflicto de poderes y, además, los denunciaremos ante la Unión Interparlamentaria Mundial como una demostración más de la colaboración de jueces y fiscales en imponer un Estado de excepción", concluyó Moreau.