Tras sus acusaciones televisivas sobre supuestos "pagos indebidos" en la negociación con Pfizer que derivaron en una respuesta de la firma y en presentaciones judiciales del Ministerio de Saliud y de Ginés González García, ex titular del área, Patricia Bullrich redobló la apuesta y encabezó una denuncia ante la ONU por presuntas irregularidades en el plan de vacunación contra el Covid.

La titular del PRO fue una de los dirigentes políticos de la oposición que enviaron un informe al área del organismo de Naciones Unidas para los Derechos Humanos comandada por Michelle Bachelet, ex presidente de Chile. Junto a la también ex ministra de Seguridad durante el Gobierno de Cambiemos firmaron también Eduardo Amodeo, Florencia Arrieto, Paula Bertol, Fernando Iglesias y Waldo Wolff, entre otros legisladores de Juntos por el Cambio.

"Los hechos y la información detallada dan cuenta de que el plan no cumple los estándares de protección de los derechos humanos previstos por la Resolución 1/2021 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el marco del COVID19, en particular con los principios de transparencia, participación, rendición de cuentas, igualdad y no discriminación", explica el comunicado con el que se dio a conocer la presentación.

Luego, el texto hace referencia a “los vacunatorios vip, los parámetros de selección para la vacunación de personal estratégico priorizándolos antes que al personal de salud, docentes o personal esencial, están detallados en el informe, así como la desaparición de vacunas, la pérdida de lotes y la distribución en locales partidarios que incumplen los criterios humanitarios y universales de vacunación”.

Y señala, sobre la adquisición de vacunas por parte del Gobierno nacional, que se hizo “con miras a favorecer arbitraria e ilegalmente la participación de empresarios asociados al poder” y que eso “ha llevado al fracaso del programa de prevención de la transmisión de la enfermedad, con el consecuente aumento del número de casos y de víctimas fatales, y la decisión de mantener regímenes de restricciones de derechos y aislamientos obligatorios”.

“Como ha sucedido en los casos de contratación AstraZeneca-mAbxience de Hugo Sigman; Sputnik V y Laboratorios Richmond de Marcelo Figueiras; Sinopharm y Sinergium Biotech de Hugo Sigman y la solicitud de mínimas dosis al fondo Covax o la suspensión de las negociaciones para la compra de las demás vacunas reconocidas internacionalmente”, enumera también la denuncia.

“La distribución de las vacunas no respetó los principios de igualdad y no discriminación. Se generó una situación de privilegio con quienes forman parte del partido de gobierno, a la vez la información fue nula, sin transparencia y acceso de la población a la misma. Todo ello nos lleva a que pongamos en marcha esta alerta temprana. Los argentinos merecemos respuestas y transparencia y no la hemos tenido”, concluye el comunicado.