Con un movimiento de pinzas, la oposición ya empezó a activar los mecanismos para frenar en el Congreso la vigencia del decreto de necesidad y urgencia 941/25, con el que el gobierno reformó el Sistema de Inteligencia Nacional, empoderando a la SIDE con atribuciones inéditas en los años de la democracia moderna.

Los caminos elegidos operan de manera simultánea y son dos: el examen sobre la validez del DNU que el presidente Javier Milei firmó en las últimas horas de 2025 para no tener que "esperar la cadencia habitual del trámite legislativo", según los ansiosos considerandos de la norma en cuestión; y el control parlamentario de las acciones de la Secretaría de Inteligencia a través de una comisión bicameral.

Cada uno por su lado, pero con los objetivos en común, la oposición dialoguista (conformada por los bloques de Provincias Unidas, Encuentro Federal y la Coalición Cívica, agrupados en el interbloque Unidos) y la más dura, encarnada por Unión por la Patria, pidieron a las autoridades de ambas cámaras la conformación de las comisiones bicamerales de Trámite Legislativo y de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia. Esta última está acéfala luego de que su último presidente, el radical Martín Lousteau, finalizara su mandato como senador.

La mayor cantidad de fichas está puesta en la comisión que debe revisar la validez de los DNU. De acuerdo a la ley 26.122, el Ejecutivo tiene diez días hábiles para enviar el texto del decreto y la comisión bicameral tiene otros tantos para expedirse. Si ese trámite no se cumple, ambas cámaras quedan habilitadas para darle "expreso e inmediato tratamiento" al decreto. Si una de ellas no lo rechaza, la norma sigue teniendo vigencia; pero si las dos votan en contra, queda derogada, como ya ocurrió el año pasado con el DNU 340/25 que impedía el derecho de huelga en actividades consideradas esenciales.

Si se cumplen esas fechas, estiman en la oposición, el DNU podría ser examinado a partir del 29 de enero, unos días antes de que se abra un nuevo período de extraordinarias, al que el Ejecutivo pensaba llamar (al menos hasta que emitió este decreto) el 2 de febrero.

Claro que en la agenda del oficialismo a partir de esa fecha había otras prioridades, como la reforma laboral y la ley de glaciares, y no precisamente andar revisando los DNU del año pasado.

"El 30 de diciembre terminó el periodo de extraordinarias convocado por el Presidente. Ese día difunden en off que reabren las extraordinarias el 2 de febrero. Y a las pocas horas emiten un DNU espantoso. No hay necesidad ni urgencia. Llamen a extraordinarias y manden proyecto de ley", protestó Germán Martínez, presidente de la bancada de Unión por la Patria en Diputados.

Desde el interbloque Unidos, en tanto, exigieron "que el Congreso trate y rechace de inmediato" el decreto y que "cualquier reforma al sistema de inteligencia se discuta como corresponde: en el Parlamento, a la vista de la sociedad".

Aquí entra a jugar el segundo factor: un control parlamentario sobre las actividades de la SIDE. Es que el DNU da a ese organismo atribuciones amplísimas. Según la enumeración de Unidos: "Declara que todas las actividades de inteligencia pasan a tener carácter encubierto; extiende además la lógica de la contrainteligencia a todo el Sector Público Nacional, una medida que abre la puerta a prácticas de vigilancia sobre áreas y trabajadores que nada tienen que ver con las áreas sensibles. Y habilita al personal de inteligencia a aprehender personas en casos de flagrancia, una facultad propia de las fuerzas de seguridad que contradice el consenso democrático construido desde el retorno de la democracia: los servicios de inteligencia no pueden transformarse en una policía secreta".

La profundidad de la reforma establecida por decreto es tan grande que ni siquiera el PRO, que cerró líneas con el gobierno nacional (en parte por convicción y en parte para no ser fagocitado por la ola libertaria), se animó a defenderla. "Nuestra postura inicial es actuar con responsabilidad institucional: ser prudentes y aguardar el dictado de los protocolos de aplicación y normativa complementaria, antes de fijar una posición definitiva", señaló el comunicado de la bancada de diputados que preside Cristian Ritondo.