Luego de la denuncia que presentó el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y la Procuración General, la policía porteña comenzó a notificar a los padres de los alumnos que protagonizaron la toma de distintos colegios en Capital Federal.

Los funcionarios públicos se presentaron en las viviendas de la personas implicadas para ponerlos al tanto del inicio del expediente por violación al Código Contravencional.

En los últimos días colegios de la ciudad fueron tomados por distintos reclamos: la Luis Pasteur, el Mariano Moreno, la Osvaldo Pugliese, la Agustin Tosco, la Claudia Falcone, la García Lorca, la Cerámica 1, la Rodolfo Walsh, la Julio A Roca, la Lengüitas y el Liceo 5 Pascual Guaglianone. El Carlos Pellegrini también está tomado pero se encuentra bajo la órbita del gobierno nacional y no de la Capital Federal.

En total, son 12 los establecimientos educativos involucrados, lista que incluye la escuela de Música Juan Pedro Esnaola, que se sumó en las últimas horas, y el colegio Mariano Acosta, que estuvo tomado desde el viernes pasado y, si bien la protesta ya fue levantada, los alumnos decidieron permanecer toda la noche en el edificio hasta este miércoles a la mañana, cuando realizaron un abrazo simbólico.

 

El protocolo de la Ciudad

Ante esta situación, se puso en práctica el protocolo de tomas que elaboró el Ministerio de Educación de la ciudad, a cargo de Soledad Acuña, que establece que los padres de los chicos que realizan las protestas deben ser informados para que retiren a sus hijos de las escuelas.

“Queridas Familias, les informamos que las autoridades no podemos hacernos cargo de la integridad de los estudiantes ni de las acciones que estos tomen en la escuela mientras dure la toma. Considerando la responsabilidad del deber parental de su cuidado, son las familias las garantes por la integridad de los mismos y sus actos”, señalaron desde el Consejo Directivo del colegio Carlos Pellegrini en un comunicado.

Y en el caso de los padres avalen la presencia de los menores en las instituciones, se les inicia una causa judicial. Uno de los puntos tiene que ver con el alcance de las responsabilidades de los directivos de los colegios, que ante una toma excede el ámbito educativo.

La causa quedó a cargo de la fiscal María Laura Presedo, de la Unidad de Flagrancia Este del Ministerio Público Fiscal, que como primer paso dispuso que los padres sean notificados del inicio del expediente en sus domicilios. 

 

Entre otras medidas, la Justicia dispuso la presencia de la Policía de la ciudad en las escuelas para que informe el estado de situación de la toma, que declaren testigos y que se incorporen al expediente toda la información que puedan suministrar las autoridades de los colegios.