La Unidad Fiscal Especializada en la investigación de ilícitos relacionados con armas de fuego, explosivos y demás materiales controlados (Ufiarm) anunció este viernes el inicio de una investigación acerca de la denuncia efectuada por el gobierno de Bolivia sobre el envío de material bélico desde Argentina a ese país luego del golpe de Estado de 2019. La intervención de la fiscalía argentina ocurre luego de que el Ejecutivo boliviano presentara pruebas del envío de armas bélicas y material represivo al por entonces gobierno de facto encabezado por Jeanine Áñez, quien en noviembre de 2019 derrocó al mandatario constitucionalmente electo, Evo Morales. Durante toda la jornada la revelación de este envío de armamento generó múltiples repercusiones políticas, y el presidente Alberto Fernández, al participar en Tucumán del acto central por el Día de la Independencia, volvió a pedir perdón al pueblo boliviano en nombre del Estado argentino.

"Mi modelo no está en los que mandan balas de goma a Bolivia. Mi modelo sigue siendo (José) de San Martín, (Martín Miguel de) Güemes y (Manuel) Belgrano", dijo el Presidente en su mensaje desde la Casa Histórica de Tucumán.

Fernández dijo que " es casi irónico que tengamos que enfrentar el día de la hermandad entre la Argentina y Bolivia con semejante locura".  "Quiero pedirles disculpas al pueblo de Bolivia porque un gobierno argentino mandó armamento para parar la protesta de un pueblo que se levantaba en contra un golpe militar", expresó el mandatario en su mensaje.

La unidad fiscal especializada Ufiarm indicó a través de un comunicado que inicia la investigación "en atención a los graves sucesos que han trascendido públicamente entre ayer y hoy, sobre la puesta en conocimiento al Gobierno argentino por parte de las autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia respecto a la presunta entrega a ese país de material bélico de agentes químicos".

Y agregó que es por ello que informan que el fiscal general adjunto de la Procuración General de la Nación, Gabriel González Da Silva, a cargo de la Ufiarm, inició una investigación preliminar para determinar la posible comisión de delitos de acción pública, que ameriten ser denunciados a la justicia federal.

Desde el organismo Indicaron también que se dispusieron "una serie de medidas probatorias, entre ellas, el requerimiento de información a la Presidencia de la Nación, a distintos ministerios de la Nación y a la Gendarmería Nacional, con el propósito de comenzar a colectar elementos que permitan avanzar a dilucidar tales episodios a la mayor brevedad posible y determinar, en su caso, sus posibles autores o partícipes".

Más temprano, Agustín Rossi, ministro de Defensa, reveló en declaraciones formuladas a las radios 10 y Del Plata, que "se constató que el avión Hércules C-130 perteneciente a la Fuerza Aérea, en el que se transportó el material bélico, había salido desde El Palomar" y precisó que "el material bélico que llegó a Bolivia no tiene ningún soporte legal".

Rossi explicó que el avión " tenía el objetivo de transportar gendarmes y cargamento que iban a fortalecer la custodia de la embajada argentina en Bolivia", pero que " además llevaba un cargamento no identificado que todavía no está la información de qué era, pero sabían que estaban haciendo algo totalmente ilegal porque sino lo hubiesen detallado".

También adelantó que "Defensa va a coordinar con la ministra de Seguridad -Sabina Frederic- para generar una denuncia, ya que el Hércules hizo Aduana y, por ende, todo se puede confirmar".