A través de su cuenta de Twitter, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner criticó el incremento en las cuotas de medicina prepaga que el Gobierno autorizó a partir del mes de diciembre. 

“Resulta francamente inaceptable el nuevo aumento, esta vez de dos dígitos (13,8%), que el Gobierno autorizó a las empresas de medicina prepaga y que de esta manera suman el 114% anual de aumento otorgado. O sea, más de un 20% sobre la inflación anualizada”, aseguró la expresidenta. 

Y agregó: “Oportuna y reservadamente manifestamos nuestra opinión contraria a seguir concediendo aumentos que afectan a las familias argentinas en un servicio imprescindible como el de la salud y que además agrava el proceso inflacionario”.

 

El aumento surgió de la aplicación de un índice que considera la evolución de los principales rubros en la estructura de costos de las empresas del sector. Allí se incorporan recursos humanos, medicamentos, insumos médicos y otros gastos generales. El coeficiente fue creado en junio a través de la resolución 1293/22 del Ministerio de Salud y se elabora de manera bimestral.

De acuerdo a esa norma, los planes de salud habían tenido una variación de 11,34% en agosto y 11,53% en octubre. El incremento de 13,8% para diciembre fue difundido con antelación: la resolución obliga a las empresas a comunicar las modificaciones a sus clientes con 30 días de anticipación a su entrada en vigencia.

Cristina Kirchner, contra los aumentos de precios

 

No es la primera vez que la Vicepresidenta usa Twitter para señalar su desacuerdo con el rumbo económico de la gestión que ella integra. A fines de septiembre, la expresidenta se había quejado de que “las empresas alimentarias han aumentado muy fuerte sus márgenes de rentabilidad” y por eso había reclamado al Ministerio de Economía “diseñar un instrumento que refuerce la seguridad alimentaria en materia de indigencia”.

En ámbitos políticos se había entendido ese mensaje como un respaldo a un proyecto de ley de la senadora Juliana Di Tullio, que buscaba crear un salario básico universal para los sectores más vulnerables, equivalente al valor de la canasta básica de alimentos. 

 

 

Sin embargo, el Ejecutivo optó por una norma distinta. Utilizó el decreto 576/22 que creó el “dólar soja” para destinar una parte de los mayores ingresos por derechos de exportación a solventar “una prestación monetaria extraordinaria no contributiva y de alcance nacional que asegure una adecuada alimentación para las personas en situación de extrema vulnerabilidad”.

 

 

La iniciativa se plasmó en el bono de 45 mil pesos que dispuso pagar la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) en noviembre y diciembre a las personas sin ingresos formales ni otro mecanismo de ayuda del Estado.