Por redes sociales, diputados y senadores de distintas fuerzas opositoras manifestaron su posición respecto al proyecto de “Ley Ómnibus” que el presidente Javier Milei envió al Congreso en el día de ayer.

El sector que más duramente cuestionó el proyecto está compuesto por el peronismo de Unión por la Patria y el sector de la izquierda. En tanto, UCR, Coalición Cívica y Juntos por el Cambio tuvieron algunas críticas, sobre todo sobre los llamados “superpoderes”, y consideraron que hay puntos que podrían acompaña.

Las críticas más duras fueron del diputado nacional Máximo Kirchner. “(El Presidente) busca arrogarse facultades que no le corresponden; hace horas acusó a diputados y senadores de estar extorsionándolo, en un toma y daca”, dijo y aclaró: "Hay cuestiones llamativas, hay que estudiarlas, no me niego a todo sin antes debatarirlo y analizarlo. El bloque Unión por la Patria está en el orden de 100 o 102 diputados nacionales, la mayoría tiene un rechazo a las cuestiones que ya se han mediatizado. La postura de la izquierda es clara, y habrá que ver cómo se comportan el resto de los bloques, que hasta aquí están con expresiones ambiguas”.

Por su parte, Leandro Santoro, manifestó que, dada la situación “solo queda esperar que el Presidente plantee formalmente el cierre del Congreso”. En tanto, el senador Wado De Pedro, ratificó la posición de Unión por la Patria de rechazar la iniciativa: “Los diputados y senadores de @unionxlapatria nos reunimos con los gobernadores de nuestro espacio para rechazar el mega DNU y el proyecto de ley “ómnibus” de Javier Milei. Ambas iniciativas son innegablemente inconstitucionales y buscan reunir la suma del poder público en manos del presidente, violando los principios más básicos de nuestro sistema republicano, representativo y federal. A su vez, buscan establecer desregulaciones que no sólo atentan de manera brutal contra la producción y el empleo argentino, sino que también apuntan a generar condiciones para el saqueo de los recursos nacionales en manos del capital extranjero”, escribió en su cuenta de X.

Asimismo, el presidente del bloque de la Coalición Cívica de la Cámara de diputados, Juan Manuel López  calificó al proyecto como “muy ambicioso” pero advirtió que es “bastante desordenado y trata temas muy distintos en una sola ley”.

“Es una ley muy compleja y tenemos que discutir lo más rápido posible para darle respuesta al Poder Ejecutivo y a la sociedad, pero tenemos que ser rigurosos y pedir que los ministros vengan al Congreso a decirnos cuál es la prioridad. Faltan leyes también por llegar. El impuesto a las ganancias no está en esta ley ómnibus y entendemos que va a llegar en cualquier momento. La reforma política tenemos todo el 2024 para discutirla con seriedad, lo mismo con el juicio por jurados, no creo que tenga urgencia”, afirmó López, quien también advirtió sobre una posible falta de coordinación entre el Gobierno y el Congreso: “Es medio complejo mandarlo sólo a dos comisiones. Mandarlo a 15 también es un problema. La técnica elegida por el Presidente a mi modo de ver no es la mejor. (…) Hasta donde tengo entendido hoy o mañana se van a constituir cuatro comisiones, pero acá hay temas, por ejemplo de pesca o de Justicia, que necesita de comisiones específicas”.

También se expresó sobre el tema el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, a través de su red social X (antes Twitter). El político publicó los videos con su discurso cuando en las sesiones extraordinarias de 2019 rechazó el pedido de facultades extraordinarias que había presentado Alberto Fernández cuando recién había asumido. 

“No es una posición que no se conoce por parte de nosotros o de muchos de nosotros. Con esta ley pretenden quitarle al Congreso facultades que le son propias. Nosotros vivimos en una República, en un estado de derecho y en regímenes donde manda la Constitución republicana uno no puede hacer lo que quiera.”, dijo en aquel momento Ferraro. “Esto decía hace exactamente cuatro años. No más preguntas señor Juez”, agregó.

Desde la UCR cuestionaron las facultades que el Ejecutivo pide que le sean delegadas por al menos dos años, con posibilidad de extenderlo hasta 2027. “No estamos de acuerdo con ninguna facultad delegada. Lo que le corresponde al Congreso, le corresponde al Congreso, y lo que le corresponde al Ejecutivo, le corresponde al Ejecutivo. No estuvimos de acuerdo en 2019 y no estamos de acuerdo ahora tampoco”, dijo Martín Tétaz. 

El presidente de Evolución Radical en la Cámara baja, el legislador Rodrigo De Loredo, dijo que el proyecto tiene “visos napoleónicos” y advirtió que “los cambios, para que se sostengan, tienen que tener consensos”. “Para nosotros es inadmisible una delegación de facultades que prácticamente se traduzca en la anulación del Parlamento. Si está de moda ahora, bueno, que la casta, que los diputados son todos unos inútiles, me tiene sin cuidado. No me agravia, no me hago cargo de eso porque no tengo nada que ver con eso. Pero lo que no aceptamos es que se evadan los organismos de control”, sentenció.

Las críticas desde la izquierda hicieron foco a cómo el proyecto de ley afecta el derecho a la manifestación: la diputada de Izquierda, Myriam Bregman, escribió en su cuenta de X: “En la ley ómnibus que acaba de ingresar al Congreso, se cercena el derecho de manifestación modificando el art. 194 del Código Penal. Ese artículo lo incorporó al Código Onganía mediante un decreto ley, este gobierno lo quiere ampliar para que nadie proteste contra sus medidas”. Pero fue más allá, y en entrevista con Urbana Play calificó el proyecto como un intento de “establecer una monarquía”. “El que vota eso, vota Dictadura”, sentenció.

También sumó sus críticas el diputado de Izquierda Nicolás Del Caño. “El proyecto de Ley ómnibus plantea transferir la plata de los jubilados al Tesoro Nacional. Quedará bajo el control de Caputo, el mismo que nos endeudó por 100 años. Además suspenden la movilidad para que el PEN disponga si aumenta o no los haberes por decreto. Un nuevo saqueo”, escribió en su cuenta de X.