La “modernización laboral” propuesta por el gobierno de Javier Milei está más cerca de convertirse en ley tras la aprobación del Senado, aunque persisten dudas sobre si la Cámara de Diputados ratificará los cambios introducidos, como la inclusión la penalización contra los bloqueos sindicales y cambios clave en la Ley de Contrato de Trabajo. La CGT, por su parte, ha expresado una fuerte oposición a varios artículos de la Ley Bases, mientras abogados laboralistas analizan las posibles consecuencias para los trabajadores.

La reforma, que originalmente constaba de 58 artículos, fue reducida a 17 en la Cámara de Diputados gracias a la intervención del diputado Miguel Ángel Pichetto, quien actuó como mediador con el sindicalismo. "La idea era no incluir nada que afecte a la CGT", recordó Pichetto, subrayando su compromiso de proteger los intereses sindicales.

Así es que se aseguró la continuidad de la “caja sindical” al eliminar del texto la restricción a las cuotas solidarias, fundamentales para el financiamiento de los sindicatos con aportes de todos los trabajadores, no solo de los afiliados. Además, se eliminaron las limitaciones a la huelga en servicios esenciales como la educación, así como la modificación sobre la ultraactividad de los convenios colectivos y la penalización de las asambleas que podrían considerarse paros encubiertos, entre otros puntos.

Sin embargo, la versión del Senado reintrodujo artículos que preocupan a los gremios, como la penalización de los bloqueos sindicales, calificados como "grave injuria laboral". Este cambio es visto con especial preocupación por los Moyano o la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA), que han utilizado estas tácticas de protesta.

En diálogo con Cronica.com, el presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL), Matías Cremonte comentó: “El despido con justa causa para aquellos trabajadores o trabajadoras que participen en medidas de fuerza que, a criterio del empleador, supongan un bloqueo, un perjuicio a terceros, la vulneración del derecho a trabajar de otros empleados de esa empresa, es lo que más afecta al movimiento obrero. De esta manera, queda en manos del empleador, unilateralmente, decidir que se trata de una injuria grave y, por lo tanto, pueden ser despedidos con justa causa. Eso hoy está prohibido, nadie puede ser despedido por ejercer un derecho y, al menos, considerarlo como con justa causa”.

Además, agregó que el artículo “va a obligar a todos esos trabajadores o trabajadoras que sean despedidos, a iniciar un largo proceso judicial para demostrar lo contrario. Pero, sobre todo, va a generar un temor, va a tener un efecto de disciplinamiento, que es lo que buscan, indudablemente. Probablemente, a la hora de convocar una medida de fuerza, van a ser menos los trabajadores o trabajadoras que se plieguen, o, por lo menos, ese es el sentido que tiene la norma”.

Aunque el ala dialoguista de la CGT rara vez emplea ni respalda los bloqueos promovidos por Camioneros, podrían entablar contacto directo con Pichetto para evitar que dicho artículo sea incorporado a la ley que aprobará Diputados. Sin embargo, también hay movimientos a favor de este punto provenientes de las pymes y el PRO, quienes ya están trabajando para ganar apoyos y evitar su eliminación.

Por otra parte, el Senado añadió otro artículo que genera preocupación en el sindicalismo, ya que incluye modificaciones en la Ley de Contrato de Trabajo que estaban presentes en el DNU 70. Por un lado, se excluyen específicamente los contratos de obra, de servicios y de agencia de los alcances de esta norma, todos ellos regulados por el Código Civil y Comercial de la Nación. Esto significa, por ejemplo, que un trabajador independiente que facture exclusivamente sus servicios a un empleador no podrá alegar una relación de dependencia. Por otro lado, también se eliminó la presunción de existencia del contrato de trabajo en casos de prestación de servicios y facturación periódica vinculadas a contrataciones de obras o servicios profesionales. Esta modificación pone en tela de juicio la interpretación actual de la ley vigente, que considera la existencia de una relación de dependencia con todos los derechos laborales correspondientes cuando un trabajador factura sus servicios con regularidad.

Otro punto polémico y objetado por la cúpula cegetista es la creación de la figura del "trabajador independiente" con capacidad para contratar hasta cinco trabajadores del mismo tipo, lo que para muchos podría diluir la relación de dependencia y sus beneficios. La abogada y asesora especialista en Derecho Laboral, Claudia Savoia, y el presidente y fundador de la Asociación de abogados del fuero, Nahuel Altieri expresaron, en diálogo con este medio, que “la inclusion de la figura del colaborador es muy controvertida ya que se trata de un trabajo en negro encubierto, o fraude laboral. Toda vez que alguien dirige y otro acata una orden, y se cumple un horario de trabajo, no es un individuo independiente, sino un empleado en relación de dependencia. Habrá que ver cada caso concreto”.

En cuanto a la eliminación de las multas por empleo no registrado y la falta de pago de indemnizaciones por despido, Cremonte afirmó: “Esto representa un retroceso en términos de protección laboral, ya que elimina incentivos para que las empresas cumplan con la legislación vigente.” Argumentó que estas modificaciones benefician a los empleadores a costa de la seguridad laboral de los empleados.

El letrado sostuvo que este punto es algo “beneficioso para los empresarios”, ya que “la eliminación de la sanción no sólo supone un perjuicio para los trabajadores no registrados que son despedidos y entonces pierden el derecho a que la reparación del daño que se les causa sea mayor, sea agravada porque el daño es mayor, sino que además queda sin consecuencia el delito que comete el empleador que no registra una relación laboral, lo que indudablemente no va a generar un crecimiento del empleo, al contrario, al no tener consecuencias, seguramente lo que va a generar es mayor empleo no registrado, si es lo mismo registrar que no registrar, si es lo mismo cumplir la ley que no cumplirla, lo más probable es que haya un aumento de aquellos empleadores que incluso por un tema de competencia desleal, van a querer tener menores costos para así competir contra otros empleadores que ya de manera ilegal vienen trabajando en esas condiciones”.

Además, en la reforma se incluye el "agravamiento indemnizatorio por despido motivado por un acto discriminatorio", pero este no establece una "reparación integral" de la cesantía y "no determina la reinstalación" del trabajador, algo también cuestionado por la CGT. "Quienes fueran despedidos en un contexto de discriminación, es decir, por su opinión política, gremial, raza, orientación sexual, entre otras, solo obtendrían una indemnización agravada, pero, en ningún caso, serían reinstalados en sus puestos de trabajo, lo que afecta enormemente a los trabajadores y sindicatos”, señaló Cremonte.

La ampliación del periodo de prueba a un año es otra medida que genera preocupación. "Esto provocará una alta rotación de trabajadores, quienes serán despedidos antes de finalizar el periodo de prueba para evitar el pago de indemnizaciones", argumentó Cremonte, “lo que aumentará la precariedad laboral y las condiciones de sometimiento, porque quienes están once, doce meses a la espera de ser efectivizados, seguramente acepten hacer tareas que en condiciones normales no aceptarían, sea por riesgos, sea porque no les corresponde, o seguramente no reclamen ningún tipo de derecho porque justamente están esperando que se cumpla el periodo de prueba para que sean efectivizados”.

Este último punto, junto con la mencionada eliminación de las multas laborales por empleo no registrado y falta de pago de las indemnizaciones por despido, forman parte de la columna vertebral de la “modernización laboral” impulsada por el Gobierno. Estos, además de la creación de un sistema indemnizatorio para los nuevos trabajadores como el Fondo de Cese de la UOCRA, de manera optativa y mediante el convenio colectivo, constituyen los pilares centrales que se espera sean sancionados como ley.

Según Savoia y Altieri, “lo que seguramente quede firme para ser aprobado es la eliminación de las multas laborales por no registración y la ampliación del plazo del período de prueba”. Sin embargo, sostuvo que “por lo pronto, los ciudadanos no vamos a saber hasta lo último cuál es el texto definitivo, ya que cambió continuamente”.

Para la letrada, quien también es miembro de Asociación Abogados del Fuero y docente de la UBA, “el impacto más fuerte será sobre las cuentas Nacionales y el superávit fiscal, porque va caer necesariamente la recaudación atento a que se va a dejar sin sanción a aquél (empleador) que incumpla con la debida registración. Entonces, todo ello que tanto obsesiona al Presidente Milei, que es el equilibrio de las cuentas y tener fondos para pagar las jubilaciones, que se abonan con los aportes de la población económicamente activa que se encuentra registrada, no va a suceder. Y todo será producto de saber que no habrá penalidad”. 

Savoia y Altieri concluyeron diciendo que, con la aprobación de la reforma, “se eliminan derechos adquiridos a través de muchas luchas a lo largo de la historia”.

Por su parte, Cremonte aseguró que la laboral “es una reforma regresiva por donde se la mire porque en todos los casos implica pérdida de derechos, no hay nada que genere un beneficio para la persona que trabaja”. “Está demostrado que es una gran falacia que el proyecto generaría empleo registrado y crecimiento económico, ya que nunca ocurrió ni en Argentina ni en ningún país del mundo que una reforma laboral regresiva como esta haya generado crecimiento económico o haya redundado en crecimiento del empleo. Lo que determina que haya crecimiento económico o de los indicadores sociales y laborales, son las políticas económicas en general y no la legislación laboral”, finalizó.

Lo cierto es que, luego de que el Senado diera luz verde a la Ley Bases, en la Cámara de Diputados se estableció que el plenario de comisiones deliberará el martes 25 y posiblemente trate la iniciativa el jueves 27. 

Ante la posibilidad de la convalidación de la Ley Bases por parte de Diputados y la eventual transformación de la "modernización laboral" en ley, la CGT enfrenta decisiones cruciales. Pablo Moyano advirtió que intensificará las movilizaciones frente al Congreso para ejercer presión sobre los legisladores. Mientras tanto, el sector dialoguista de la central obrera probablemente mantendrá su postura de otorgar libertad de acción a los sindicatos para manifestarse en las calles. Aunque oficialmente puedan no admitirlo, parecen conformes con los recortes significativos que sufrió la reforma laboral inicialmente propuesta.