Mientras la Confederación General del Trabajo (CGT) prefiere tomar una posición dialoguista con el Gobierno, tratando de suavizar los aspectos más conflictivos de algunas de las políticas impulsadas por el presidente Javier Milei (por ejemplo la reforma laboral y la administración de las obras sociales), otros sectores sindicales refuerzan una postura mucho más confrontativa.

En esa línea, la Central de Trabajadoras y Trabajadores de la Argentina (CTA) resolvió convocar a una movilización para el próximo jueves 5 de diciembre hacia Plaza de Mayo, “contra las políticas” de la gestión libertaria.

La convocatoria fue hecha bajo la consigna “La Patria no se vende” y fue realizada en conjunto por las dos vertientes en que está dividida la CTA, encabezadas cada una de ellas por Hugo Yasky y por Hugo Godoy.

Además de las dos CTA, acompañarán movimientos sociales, sindicatos, asociaciones de pequeñas y medianas empresas (PyMEs) y diversas agrupaciones políticas.

Los organizadores apuntan a lograr el apoyo de Pablo Moyano, el referente del sindicato de Camioneros que renunció a la CGT justamente por su falta de combatividad para con las políticas oficiales.

Se da como muy probable que participen por su cuenta otros gremios enrolados con la CGT pero que también comparten con Moyano la necesidad de afrontar una línea más dura con el Gobierno. Allí se encuentran la Unión Obrera Metalúrgica, la Asociación Bancaria, y la Federación de Aceiteros, entre otros sindicatos.

La Jornada Federal de Lucha tendrá lugar no sólo en la Ciudad de Buenos Aires, con la concentración en Plaza de Mayo poco después del mediodía, sino también en otras ciudades del país. Para ese fin ayer hubo una videoconferencia en la que participaron representantes de diferentes regionales de esas centrales para planificar las acciones a seguir.

Este miércoles, la CTA publicó  un informe sobre la evolución del Salario Mínimo, Vital y Móvil, en el cual se demostró que hubo “una pérdida brutal de poder adquisitivo”, desde diciembre de 2023, “producto del efecto de la devaluación y su impacto en los precios”.

“El retroceso histórico es tan grande que el valor real del salario mínimo ya es inferior al vigente durante la mayor parte de la década de 1990 y, en la crisis final del régimen de convertibilidad, cuando esta política se había abandonado como herramienta para determinar pisos salariales e impulsar una menor desigualdad salarial”, sostiene el documento.

Desde el mismo estudio, aseguran que la comparación de los sueldos básicos con las líneas de pobreza y de indigencia “revela una situación peor que la del año 2001”.

Paralelamente, aseguraron que “no hubo recuperación” para el salario mínimo, que en octubre con $ 271.571 “mostró un valor real 28,4% menor que en noviembre de 2023”.

“El salarió mínimo en octubre sólo alcanza para adquirir el 54,3% de la canasta básica de alimentos, que define la línea de indigencia para una familia tipo y poco más de una cuarta parte de la canasta de pobreza”, concluyeron.