La Justicia Federal de Río Cuarto decidió este mediodía rechazar una acción de amparo que presentó la Sociedad Rural Argentina (SRA) de esa ciudad del sur de Córdoba, que reclamaba se declarase anticonstitucional e ilegítimo el cobro de retenciones para exportaciones de productos agropecuarios. Carlos Arturo Ochoa, titular del Juzgado Federal de Río Cuarto, fue quien dispuso rechazar la solicitud de la entidad agraria, al considerar que no estaban presentes los requisitos para tramitar el caso como proceso colectivo, ya que la Sociedad Rural de Río Cuarto no cuenta con legitimación para sustentar el reclamo judicial.

Es decir, para el juez Ochoa el amparo colectivo presentado por la Sociedad Rural de Río Cuarto, Sociedad Rural de Adelia María y Asociación de Fomento Rural de Pueblo Torres (Vicuña Mackenna) no puede tramitarse como tal. El magistrado entendió que no están presentes los requisitos para tramitar el caso como proceso colectivo, o sea, en representación de todo el sector.

Estas entidades del sector exportador del agro habían planteado anta la Justicia el cese el cobro de retenciones por entender que no hay una Ley que establezca el monto de la alícuota, algo que fuentes del Gobierno nacional rechazaron al afirmar que las mismas "siguen vigentes hasta que se derogan".

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, se refirió la semana pasada al amparo y objetó la postura de la entidad ruralista y advirtió que, desde el punto de vista jurídico, "sigue vigente y prorrogado el Presupuesto de 2021".

Pero más allá de la esfera legal, el titular de la cartera agropecuaria sostuvo que el reclamo de la SRA "es un hecho político", con el que se pretende "generar un conflicto en el que no vamos a entrar". "Todavía no hemos salido de la crisis de la Covid-19 y tenemos muchos problemas como para generar nuevos", señaló Domínguez la semana pasada en declaraciones a Radio 10.

Por su parte,  el presidente de la SRA, Nicolás Pïno, insistió la seman pasada en que "al caer la Ley de Emergencia y no aprobándose el Presupuesto, las retenciones a partir del primero de enero de 2022 deberían ser cero". De esta manera, la entidad agropecuaria pretendía que la Justicia Federal "declare la inconstitucionalidad e ilegitimidad del cobro de derechos de exportación con posterioridad al 1 de enero del año 2022" y que un nuevo esquema sea discutido en el Congreso Nacional, ya que entienden que ese el ámbito para establecer políticas tributarias.