La Cámara de Diputados continúa con la votación en particular del proyecto de Ley Bases y el oficialismo consiguió aprobar con el acompañamiento de sus aliados la delegación de facultades para el presidente Javier Milei y la posibilidad de avanzar con la privatización de empresas públicas.

Por mayoría, La Libertad Avanza también logró la sanción del capítulo que deroga una serie de cuestiones laborales.

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Tras la media sanción por mayoría en la votación en general, Diputados arrancó con el debate en particular en el que el oficialismo logró con 134 votos positivos, 117 negativos y una abstención la declaración de “la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año”. Además, delega en el Poder Ejecutivo nacional "las facultades dispuestas por la presente ley, vinculadas a materias determinadas de administración y de emergencia".

La Cámara baja también convalidó la reforma del Estado incluida en la Ley Bases, por 135 votos a favor, 116 negativos y dos abstenciones.

Además sancionó el capítulo de privatizaciones de empresas públicas con 138 votos a favor, 111 en contra y dos abstenciones. En el proyecto original eran 41. No obstante, la normativa sancionada este martes habilita la posible privatización de cuatro empresas públicas y serán sujetas a concesión otras cinco. Las empresas a privatizar son Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina SA., Radio y Televisión Argentina e Intercargo SAU; mientras que las sujetas a privatización o concesión son Agua y Saneamientos Argentinos SA, Correo Oficial de la República Argentina, Belgrano Cargas y Logística, Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales.

Previo a la discusión en el recinto, la oposición había logrado excluir del dictamen la posibilidad de privatizar el Banco Nación.

Reforma laboral

Diputados además dio media sanción con 147 votos a favor la reforma laboral incluida en la iniciativa. Tras las negociaciones entre el Gobierno nacional y los bloques dialoguistas, la propuesta quedó reducida a la extensión del período de prueba, el fondo de cese laboral optativo a determinar en los convenios colectivos de trabajo como alternativa a las indemnizaciones (de hasta 8% de las remuneraciones) y la derogación de multas por no registración laboral.

También fue borrado del texto original el artículo que establecía penas de 6 meses a 3 años de prisión a quienes bloquearan empresas en el marco de pujas salariales o laborales.

En cuanto a los períodos de prueba, comúnmente llamados pasantías y que actualmente son de tres meses, la propuesta es extenderlos a seis meses para empresas de más de 100 trabajadores, de 8 meses para PyMES de 6 a 99 trabajadores, y de un año para minipymes de hasta 5 trabajadores.

La empresa solamente podrá contratar a un trabajador bajo la figura del período de prueba una sola vez.

Otro punto sancionado es el que establece un régimen especial para empresas con hasta cinco trabajadores.

“El trabajador independiente podrá contar con hasta otros cinco trabajadores independientes para llevar adelante un emprendimiento productivo y podrá acogerse a un régimen especial unificado que al efecto reglamentará el Poder Ejecutivo nacional", establece el texto.