Lejos de los tiempos planificados por el Gobierno, la firma del dictamen del proyecto de Ley Bases sigue trabada en el Senado. El jueves tuvo lugar una nueva ronda de exposiciones en el plenario de comisiones y el oficialismo continuó con el estudio de las modificaciones propuestas por un grupo de legisladores.

A este ritmo, todo indica que la iniciativa no tendrá sanción definitiva antes del sábado 25, cuando Javier Milei pretendía firmar el Pacto de Mayo. En ese contexto, el objetivo de la administración de La Libertad Avanza es alinear posiciones y encaminar la próxima semana el ansiado dictamen del proyecto de Ley Bases y el paquete fiscal que abra las puertas para sesionar en el recinto de la Cámara Baja.

De ahí la reunión mantenida el jueves por la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel; el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y el ministro del Interior, Guillermo Francos.

 

Los libertarios aspiraban a lograr un dictamen exprés el jueves pasado y sesionar esta semana, pero la planificación inicial quedó sepultada y el ritmo de ambos proyectos en la Cámara Alta lo impusieron los bloques dialoguistas y Unión por la Patria.

El acercamiento entre Villarruel, Rolandi y Franco tuvo lugar 14 días después del ingreso de ambos megaproyectos al Senado. Desde la última semana de abril, en la que ambas iniciativas tuvieron la media sanción de Diputados, Villarruel aguardaba las instrucciones de la Casa Rosada para accionar su brazo político con los senadores, sobre todo aquellos que no dependen de ningún gobernador con respecto a su voto.

Las indicaciones nunca llegaron. Un punto a tener cuenta es que después de obtenerse los dictámenes, por reglamento necesitan siete días de espera para ser llevados al recinto y darles tratamiento.

Exposiciones

En la quinta jornada de tratamiento del proyecto de Ley Bases, una de las expositoras fue la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, que expresó su preocupación por los artículos 3 y 6 de la iniciativa que otorgan facultades delegadas al Ejecutivo para la disolución, modificación e intervención de organismos centralizados y descentralizados creados o no por ley.

El temor refirió, en concreto, a la posibilidad de eliminar el Banco de Datos Genéticos y la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi).

 

“Una vez más, estamos en el Congreso para solicitar ayuda, compromiso y comprensión con el deseo de evitar el retroceso en materia de derechos adquiridos que garantizan el bienestar de toda la sociedad. Venimos a pedirles a ustedes que honren los cargos para los que fueron electos”, afirmó Carlotto en el plenario de comisiones.

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo fue acompañada por el nieto recuperado Guillermo Pérez Roisinblit y el genetista Víctor Penchaszadeth. “El Banco de Datos Genéticos es un organismo reconocido a nivel mundial, cuya ley ha sido modelo para la creación de otros similares. La Conadi, creada en 1992, forma parte de las medidas adoptadas por el Estado para el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos en materia de derechos humanos”, mencionó Pérez Roisinblit.

 

“Son auténticos logros de la democracia y debemos defenderlos, porque nacieron de la demanda social y son garantía del derecho a la identidad. Se ha restituido la identidad de 137 nietos y nietas”, resaltó en su exposición. Y luego advirtió: “Los artículos 3 y 6 ponen en riesgo infinidad de organismos que resultan fundamentales para el cumplimiento de compromisos estatales”.

Un grupo de representantes de cámaras del tabaco, por otro lado, expresó su postura a favor del capítulo incorporado en el proyecto de Ley Bases a instancias de la oposición en Diputados.

El texto que, en principio había sido contemplado por el Ejecutivo, pero después lo retiró y los legisladores dialoguistas lograron sumarlo, aumenta la tasa del impuesto interno sobre los cigarrillos del 70% al 73% y elimina el impuesto interno mínimo.

 

El Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) fue otro de los temas analizados en el plenario de comisiones del Senado. Daniel Rosatto, titular de Industriales Pymes Argentinos (IPA), se mostró en desacuerdo con la iniciativa.

“Estamos armando un proyecto de ley donde las pymes no figuran. No estamos en desacuerdo con que las grandes vengan a invertir, pero si vienen a invertir para que dejemos de producir las pymes, no es un buen negocio para la Argentina”, advirtió.