La senadora de Unión por la Patria, Juliana Di Tullio, y su par neuquina de Unidad Ciudadana, Silvia Sapag, advirtieron en las últimas horas sobre la reforma de la Ley de Procedimiento Administrativo que el gobierno de La Libertad Avanza incluyó en el proyecto de Ley Bases. Durante el debate del plenario de comisiones, las legisladoras señalaron que el artículo 31 de la norma parece orientado a habilitar "negocios inmobiliarios" de privados con bienes del Estado.

En medio del tratamiento del proyecto de Ley Ómnibus, Di Tullio le consultó al abogado Carlos Nielsen Enemark, que fue a disertar sobre la reforma de la Ley de Procedimiento Administrativo, sobre un artículo que habilita a privados a quedarse con tierras estatales si piden permiso para realizar en ellas un emprendimiento y no obtienen respuesta en 60 días.

 

"Por ejemplo, pido permiso para hacer un emprendimiento privado en tierras del (tren) Sarmiento que tiene el dominio de la titularidad la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). No me contestan en 60 días, ¿por lo tanto la respuesta es positiva, según este artículo?", fue la pregunta de la senadora de Unión por la Patria. "Si, en los  términos del artículo sí", respondió Nielsen Enemark.

"Según este artículo -insistió Di Tullio-, pido, no me contestan en 60 días y es mía (la tierra). Porque el silencio es el sentido positivo: si a mi no me contestó en 60 días, pelito pa' la vieja: esa tierra es mía. A mi me suena a un montón de negocios inmobiliarios".

Y luego continuó: ""Pongale que yo me quedo con la tierra que tiene AABE, que no me contestó en 60 días, entonces el sentido es positivo y ahí yo exijo la inscripción  registral, la emisión de certificado y la autorización correspondiente en sede administrativa ¿Es correcto lo que estoy diciendo?". Nielsen Enemark volvió a responder que estaba en lo cierto.

A su turno, Sapag fue contundente en su análisis sobre dicho artículo: "Nuestra Patagonia peligra".

Según el inciso b del artículo 31, "cuando una norma exija una autorización u otra conformidad administrativa para que los particulares puedan llevar a cabo una determinada conducta o acto, al vencimiento del plazo previsto para resolver sin haberse dictado resolución expresa, el silencio tendrá sentido positivo".

 

"La estimación por silencio administrativo -agrega- tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento".

En su exposición, Nielsen Enemark consideró que "esta ley, de ser aprobada, va a sufrir cuestionamientos (judiciales) de toda índole. Va a generar más problemas que soluciones. Hay errores groseros de derechos, inconsistencias y contradicciones".