Por Juan Bernardo Domínguez

@juanbjd

 

El Poder Ejecutivo presentó el miércoles en la Cámara de Diputados el proyecto denominado "Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos", más conocido como "Ley Ómnibus", con en el que propone al Congreso reformas económicas, financieras, fiscales, previsionales y de seguridad, entre otras.

El artículo 106 de la iniciativa promueve suspender la movilidad jubilatoria que actualiza los haberes de los adultos mayores y las prestaciones sociales cada tres meses.

Según el proyecto, el Ejecutivo podrá realizar aumentos por decreto hasta que se establezca un nuevo mecanismo, consistente en un sistema de revisión automática basado en “criterios de equidad y sustentabilidad económica"

El artículo 106 de la iniciativa también suspende la aplicación del 32 de la ley 24.241 que establece la movilidad de los haberes por jubilaciones y pensiones, de la que además dependen la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE), entre otras prestaciones sociales.

“El Poder Ejecutivo Nacional podrá realizar aumentos periódicos atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos”, indica el proyecto.

El contador Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), por su parte, criticó este jueves la escasa información que brindó el Gobierno al respecto hasta el momento. “No se sabe con qué criterio ni con qué plazos establecerá los aumentos el Poder Ejecutivo. Es decir, si se mantendrá de manera trimestral y si estarán atados a algún indicador; por ejemplo, la inflación. O será otra cosa. O sencillamente será un indicador arbitrario que elijan”, aseguró Letcher en diálogo con crónica.com.ar.

Además, recordó que en el proyecto se hace mención a “atender a las jubilaciones de menores ingresos”.

“La Justicia ya dijo que no puede haber actualizaciones distintas para niveles de jubilaciones diferentes. Es decir, no puede haber una actualización para una jubilación alta y otra para una baja”, advirtió.

Y completó: “De hecho, los bonos existen para sortear ese mecanismo, con lo cual no podrían hacerlo con un indicador para atender a las jubilaciones más bajas”.

El temor de los jubilados: “Es perder todo de golpe”

Carlos Valle, presidente de la Confederación General de Jubilados, Retirados, Pensionados y Adultos Mayores del País, también cuestionó este jueves la iniciativa oficialista. “Es grave quedarnos sin ley de Movilidad Jubilatoria, que tiene que ver con la diferencia que se va produciendo con la inflación”, dijo Valle, de 86 años, en contacto con este medio.

Argumentó que establecer los haberes por decreto “produce un daño muy grande” porque “deja en estado de zozobra” a los jubilados, ya que quedan a expensas de “una actualización determinada en forma arbitraria”.

“Con seguridad vamos a cobrar menos, porque quieren restringir todo”, alertó el dirigente y, al agudizar su análisis, manifestó: "Es perder todo de golpe".

Valle advirtió que “ya hay desnutrición en los adultos mayores que no pueden cubrir sus necesidades con una mínima de $100.000” y, según estimó, la medida promovida por el Ejecutivo agravaría la situación.

¿Qué pasará el Fondo de Garantía de Sustentabilidad?

La "Ley Ómnibus", además, propone que todos los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) pasen al Tesoro nacional al salir del patrimonio de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), en una virtual disolución.

En su artículo 226, el proyecto indica: “Dispóngase la transferencia de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad creado por el decreto 897/07 al Tesoro nacional. Facúltase al Poder Ejecutivo Nacional a adoptar todas las medidas necesarias para la instrumentación de lo previsto en el presente artículo”.

“Eso es gravísimo. Dentro del Fondo de Garantía de Sustentabilidad hay acciones de las principales empresas de nuestro país, que evidentemente se quieren vender y las quiere vender el Tesoro. Y buscaron este mecanismo para devolvérselas a los empresarios”, evaluó Letcher.

Consultado sobre si eso pondría en riesgo el sistema previsional público y abriría las puertas a un eventual regreso de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), respondió: “Considero que no”. “Porque el Fondo de Garantía, en realidad, es un fondo que no se utiliza para la cuestión previsional, más que como respaldo. Entonces, en principio, extrapolarlo a la cuestión previsional no lo veo posible”, opinó.

Valle, a su turno, tuvo una evaluación diferente. “Se va a romper el sistema previsional. Algunos de los funcionarios nacionales fueron directivos de las AFJP”, enfatizó. Y concluyó: “De esta manera, toman posesión del Fondo y dejan prácticamente huérfano al Sistema (Integrado) Previsional Argentino (SIPA), al sistema jubilatorio”.

Por J.B.D.