Por Florencia Golender
@flopa01

La ley nacional de alquileres que tiene media sanción del Senado y que obtuvo dictamen de mayoría la semana pasada en la Comisión de Legislación General de Diputados despertó la ira de los empresarios inmobiliarios que se niegan a ceder frente a la regulación de sus comisiones y este martes en conferencia de prensa tildaron la iniciativa de "populista". El oficialismo los recibió el último lunes, exigen modificaciones de algunos de los puntos centrales ya consensuados con la oposición para lograr la aprobación antes de fin de año. 

"Es un proyecto de ley populista, demagógico y electoralista. Quieren hacer desaparecer la figura del corredor inmobiliario", sostuvo en conferencia Armando Pepe, presidente del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (Cucicba) sobre la iniciativa que impondría condiciones sobre sus comisiones, entre otros asuntos. Representantes del sector advirtieron que si se aprueba como está recurrirán a la Justicia para solicitar medidas cautelares que impidan su implementación.

Encabezó la reunión del lunes con los empresarios el presidente de la comisión, el diputado de Cambiemos, Daniel Lipovetzky, impulsor del proyecto que unas semanas atrás anunció el Ejecutivo nacional y que desempolvó el texto original aprobado en diciembre del año pasado por el Senado. Si no se trata antes de fin de año pierde estado parlamentario.

En diálogo con "Crónica", Lipovetzky respondió a las acusaciones: "El proyecto es equilibrado. Se trata de un mercado desigual, donde se han registrado abusos en los ajustes de los precios de los alquileres y hay que dar una solución a los inquilinos". 

"A los empresarios los recibimos, los escuchamos, sería bueno que se reúnan también con la oposición, ya que cualquier modificación debe ser consensuada con ellos, el oficialismo es minoría", agregó.

Las modificaciones solicitadas por los empresarios que el oficialismo aceptó traer a debate con la oposición son, principalmente, que no se fijen topes a los honorarios de la inmobiliaria (es decir, la comisión) y que esa regulación sea por distrito y no a nivel nacional. A su vez que el propietario se reserve el derecho de exigir garantías de propiedades. En el primer punto, el proyecto consensuado y que tiene el apoyo de representantes de inquilinos, regula la comisión al equivalente a un mes, en vez de dos como ocurre con en la mayoría de los casos. En el segundo punto, habilita a sellar contratos de locación sin aval de otro inmueble, sino con recibos de sueldo y seguro de caución.

Las inmobiliarias proponen, además, que en vez de ajustar los alquileres por el índice salarial y el IPC, se indexen por UVA.

"Creo que el planteo sobre la garantía y la posibilidad de que cada distrito defina una regulación propia para las comisiones, serían dos puntos viables a discutir con la oposición", sostuvo Lipovetzky.

Por su parte, Gervasio Muñoz, presidente de Inquilinos Agrupados, aseguró a este diario que "no se aceptarán ninguna de esas modificaciones que piden las inmobiliarias. No creo que la oposición las acepte tampoco. El mejor escenario sería que Diputados lo apruebe la semana que viene en el recinto sin modificaciones, vuelva a Senadores y se apruebe antes de fin de año. Somos 8 millones de inquilinos en todo el país, no se puede seguir favoreciendo a 8 empresarios", concluyó.