“Cada vez más hay avisos en dólares de inmuebles para alquilar, sobre todo de los propietarios que están por fuera de las inmobiliarias. Esto es una forma de defenderse ante la devaluación. No es legal hacer los contratos en dólares para alquileres convencionales, pero también hay una realidad que no hay que tapar y no verla: solamente en toda la Capital Federal hay 500 propiedades publicadas en pesos, el resto está en dólares o en temporarios”.

Las palabras son del presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), Alejandro Juan Bennazar. De esta manera, en diálogo este jueves con crónica.com.ar, el especialista ilustró la gravedad del panorama que afrontan inquilinos y propietarios.

En condiciones normales, en la Ciudad de Buenos Aires tendrían que existir 20.000 inmuebles disponibles para alquilar y ofrecidos en moneda nacional. Se habla de una emergencia habitacional.

La actividad está regulada desde mediados del 2020 por la ley 27.551. La Cámara de Diputados dio este miércoles media sanción a un proyecto de reforma de esa norma, con 125 votos aportados por la mayoría de las bancadas opositoras, con excepción de la Izquierda y de La Libertad Avanza.

La iniciativa, que fue considerada en una sesión especial que duró cerca de cuatro horas, busca dejar sin efecto el ajuste anual de los valores de los contratos y el indicador para eso que rige en la actualidad, que es un mix que promedia la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el de variación salarial, determinado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

En ese sentido establece que la actualización de los montos sea cada cuatro meses sobre la base a un índice pactado entre las partes.

Determina que ese pacto debe establecerse al inicio de la relación locativa, pudiendo aplicar a tales efectos el IPC, el índice de Precios Mayoristas (IPM) o el Índice de Salarios (IS) -elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)-; o una combinación de esos índices.

El proyecto aprobado en la Cámara baja, además, promueve la reducción del plazo de los contratos de 3 a 2 años. 

“Ahora, el proyecto aprobado en Diputados debería pasar al Senado y ahí sancionarse. Automáticamente, al día siguiente se estabilizaría el mercado y empezaría levemente a remontar la oferta de propiedades para alquiler”, sostuvo el presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA).

La presidenta de la asociación civil Inquilinos Argentinos por un Techo Digno, Glenda Gómez, también conversó este jueves con crónica.com.ar. “Que nos bajen el contrato de 3 a 2 años de alquiler es terrible para las familias inquilinas. ¿Por qué? Por un lado, porque hay un año menos de gracia para respirar con un crédito para solventar el gasto de un contrato o renovación y, por el otro, para salir a buscar lo que son todas garantías y un lugar para vivir en el caso de que no reanuden”, expresó.

Además, cuestionó que “hayan dejado a libre albedrío que el propietario o la inmobiliaria decida cuánto se va a aumentar o cada cuánto se va a aumentar”.

“Los sueldos de los argentinos no aumentan acorde a la inflación en la que estamos viviendo. Además, hablamos de una Canasta Básica Total que no tiene incluido el derecho a la vivienda y, por lógica, para vivienda se debería usar el 30% del ingreso de un trabajador pero hoy se utiliza un 80%”, finalizó Gómez.

Mes a mes, el INDEC publica el valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y el de la Canasta Básica Total (CBT), que sirven para evaluar el aumento del costo de vida, y la pobreza y la indigencia.

La CBT se calcula a partir de la CBA, con la inclusión de bienes y servicios no alimentarios como vestimenta, transporte, educación y salud, entre otros.