Por Francisco Nutti @franNutti

La nueva Ley de Alquileres cumplirá un año de vigencia el próximo jueves y se aplicará por primera vez la actualización de valores de los contratos bajo el índice elaborado por el Banco Central (BCRA), que será del 39% y que contempla la evolución de los salarios y la inflación anual. Crónica dialogó con representantes de inquilinos e inmobiliarios, quienes manifestaron su posición al respecto. 

Consultado por este medio, el titular de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, dijo que sin la regulación de este índice el incremento podría ser mayor. "Hoy está en 39% para los contratos firmados en julio de 2020, diez puntos por debajo de la inflación del mismo período", afirmó.

 

La nueva ley prevé actualizaciones únicamente anuales por lo tanto se aplicará a aquellos contratos que se hayan iniciado en julio del año pasado y deban ser actualizados.

Muñoz, que también preside la Federación de Inquilinos Nacional, señaló que "si las inmobiliarias dicen que la ley perjudica a los inquilinos es porque por primera vez hemos tocado sus privilegios".

"Se les va a terminar esa costumbre de estafar inquilinos haciendo uso del poder que tienen al decidir quién puede acceder a una vivienda y quién no", declaró. Asimismo, sostuvo que durante el último año existió una presión muy grande por parte de los inmobiliarios para que la ley no se cumpla. "El mercado esta haciendo lobby en el Congreso para derogarla. De hecho, ya presentaron cuatro proyectos", remarcó.

En abril, corredores inmobiliarios impulsaron el ingreso a la Cámara baja de un proyecto que propone volver al plazo de dos años en los contratos y desindexar los aumentos, derogar el índice del Banco Central y que la suba se haga por acuerdo de partes, como se hacía antes.

 

Al presentarlo, el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (Cuciba) y 29 Colegios Inmobiliarios de todo el país agrupados en Cofeci, argumentaron que la modificación "haría que vuelvan muchísimas propiedades al mercado" y detallaron que desde que rige la normativa "40% de la oferta que estaba en alquiler se volcó a la venta".

Según un informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) publicado en la última semana, la media de los monoambientes ofertados en Capital Federal es de $ 28.000, con un incremento de 60% interanual y la cantidad de unidades ofrecidas respecto de junio 2020 se contrajo 41,7%.

"Se cumple un año de la nueva ley y durante este tiempo lo que se vio es un perjuicio para ambas partes, tanto para los propietarios como para los inquilinos", expresó a Crónica Diego de Nichilo, responsable de De Nichilo propiedades.

"Cada vez que el Estado se involucró a regular gestiones que nosotros consideramos que son particulares, lo que generó es lo opuesto al carácter de la ley", indicó y agregó: "eso provocó un alza importante de precios. Hoy quien decide alquilar, porque la oferta es cada vez menor, está por los valores de un 70 o un 80% más".

 

"La nueva ley desalentó a los propietarios a volcar su propiedad en alquiler ya que establece, entre otras cosas, un período de tres años, un ajuste anual, el pago del ABL por parte del propietario y el registro de contrato, que genera una mayor carga impositiva", cerró.