Cuando todavía resuenan los ecos de la disputa política que generó el veto del presidente Javier Milei contra la ley de reforma de la movilidad jubilatoria (y que la Cámara de Diputados no pudo rechazar porque a las bancadas opositoras les faltaron 13 votos para lograr los dos tercios necesarios), ya se prepara otra batalla sobre otra norma que la Casa de Gobierno tampoco quiere promulgar: la ley de presupuesto universitario.

La iniciativa, que actualiza por la inflación las partidas para el financiamiento de las universidades nacionales, y también de los trabajadores docentes y no docentes, no es del agrado del Ejecutivo, que hizo de la reducción de los fondos de ese sector uno de los pilares para mejorar las cuentas fiscales, junto (justamente) con la licuación de los haberes de jubilados y pensionados.

Mientras se realiza la sesión del Senado en la que se estudia la medida, en el ámbito universitario ya se preparan para enfrentar un posible veto de Javier Milei. El que salió a alertar de la cuestión es el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti.

“Si el Presidente llega a vetar la ley, seguramente cuando el Congreso esté sesionando vas a tener a la sociedad movilizada”, alertó el dirigente del radicalismo, en diálogo con la señal de noticias LN+.

 

 

“Yo creo que hoy la ley se va a aprobar y van a ser muchísimos los diputados de todos los partidos que hagan el esfuerzo necesario para conseguir los dos tercios de la Cámara de Diputados”, auguró el ex legislador.

Esa proporción es vital para la validez de la ley. Si el Presidente la veta, ambas cámaras deben reunir esa mayoría calificada para desechar el veto y que la sanción tenga efecto.

En la Cámara de Diputados, el proyecto fue aprobado con 143 votos a favor, 77 en contra y 1 abstención.

Yacobitti también explicó por qué asegurar el funcionamiento de las universidades nacionales es necesario, más allá del costo económico que implique para el Estado. “La sociedad está defendiendo la única herramienta que le queda de ascenso social, la única que tiene para que el código postal no sea el que decida su destino, sino que sea a través del mérito”, dijo. 

 

 

“Todos sabemos que la Argentina no puede gastar más de lo que le ingresa, porque eso genera inflación y la inflación es el peor impuesto que uno le puede cobrar a los trabajadores. Ahora, lo que hay que discutir es qué cosas se dejan de hacer y cuáles se siguen haciendo para llegar a ese déficit cero. En el caso de las universidades públicas, han demostrado que tienen calidad y que son reconocidas en el mundo”, agregó.

 

Ley de financiamiento universitario: qué dice el texto

 

El dictamen obliga al Poder Ejecutivo Nacional a recomponer los salarios docentes y no docentes del Sistema Universitario Nacional, a partir del 1º de diciembre de 2023 y hasta el mes de sanción de la ley por la variación acumulada de la inflación informada por el INDEC durante dicho período.

Para los gastos de funcionamiento, la iniciativa propone actualizar las partidas del Presupuesto 2023 (prorrogado por el Gobierno de Javier Milei) según la inflación acumulada ese año (del 211,4%) y luego aplicar un incremento bimestral de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). 

 

 

El proyecto también modifica el artículo 58 de la Ley de Educación Superior, estableciendo nuevos criterios para la distribución del presupuesto entre las universidades. Estos criterios incluyen factores como el número de estudiantes, tipos de carreras, cantidad de egresados, áreas de vacancia y actividades de investigación y extensión.

Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), los rectores solicitaron la “urgente sanción y promulgación” del proyecto. “En estos primeros ocho meses de gestión, el Gobierno no ha financiado ningún proyecto nuevo ni ha formulado convocatorias que apoyen o fomenten la investigación, lo que ha provocado la virtual paralización de muchas líneas en curso y la renuncia de profesionales con alta formación”, reclamaron. Y agregaron que esta situación “representa una amenaza directa a la calidad educativa en nuestras universidades”.