Por Gabriel Calisto
@gcalisto

El traspié de la votación de las reformas previsional y fiscal, en la sesión que no fue del último jueves, se convirtió en un fuerte llamado de atención para el gobierno nacional. En la imagen boxística, Mauricio Macri venía bailando sobre la oposición, floreandose con los golpes electorales y avances políticos sin discusión. Pero el cúmulo de errores que desmbocaron en la fallida jornada legislativa fueron el sacudón que volvió a despertar al oficialismo.

Desde la Rosada se erró el cálculo porque no se tuvieron en cuenta demasiados factores que, sumados, hicieron naufragar una sesión que reanudarán la próxima semana. A saber: primero, llevar a un recinto que se pronosticaba caldeado a una Elisa Carrió disconforme. Lilita había acordado con Macri un decreto que tapara el desfasaje que se produce en el empalme de la fórmula actual con la nueva. Ese texto no se publicó, y Carrió terminó pasando factura.

En segunda instancia, la ausencia de un gesto hacia la CGT. En el Senado, a pedido del peronista Miguel Pichetto, el oficialismo introdujo cambios a la fórmula de cálculo del aumento. En términos monetarios, el cambio es insignificante. Pero permitió a los senadores declarar que habían realizado correcciones y mejorado, hasta donde pudieron, un proyecto que todos saben que es malo. La Confederación General del Trabajo, muy tocada por la reforma laboral que avaló y que todavía no llegó al Congreso, aprovechó esta oportunidad para mostrarse combativa. Desde el gobierno desoyeron todos sus pedidos, y avanzaron sin cambios. La movilización popular, que había sido masiva el miércoles, desbordó todas las previsiones el jueves, agregando presión a los diputados que tenían dudas.

Por último, el gobierno sufrió el desaire de varios gobernadores. Allí las razones fueron varias: desde enojos porque Cambiemos no acompañó proyectos de sus pagos chicos a disputas políticas más profundas. Pero faltó negociar, una materia en la que el PRO tiene un master universitario. Con las reuniones del viernes y un decreto que llegaría para descomprimir la presión gremial y política, el gobierno parece encaminarse a sacar una reforma clave, pero que ya nadie podrá celebrar. Después de todo, sigue teniendo el protagonismo para decidir la agenda.