El decreto de necesidad y urgencia 656/24 que asignó una partida de 100.000 millones de pesos a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) para gastos reservados causó malestar en muchos sectores. Entre ellos, los de espacios políticos tildados como “dialoguistas” que hasta hace poco aceptaban de buen grado las iniciativas del Gobierno y ahora empezaron a mirarlas un poco de costado.

Ese es el caso de la diputada nacional Margarita Stolbizer, líder del partido GEN (Generación para un Encuentro Nacional), que calificó como “inmoral” la decisión y anunció que presentará un proyecto para derogar o rechazar el DNU.

“Además de no cumplir con la obligación de enviar al Congreso las reformas de Presupuesto y asignación de recursos, se trata de fondos reservados. O sea que gastarán eso quién sabe quién ni en qué”, expresó la legisladora en sus redes sociales.

En efecto, la figura de fondos reservados hace que las autoridades de la SIDE puedan disponer de esa suma sin ninguna restricción y que sus actos estén fuera de todo control o auditoría.

“Es de una ilegalidad manifiesta y brutal lo que ocurrió. En este gobierno hay un uso y abuso de los DNU cuando no existe, ni está de ninguna manera justificado, que haya ni necesidad ni urgencia. Eso ya lo hace inconstitucional”, dijo Margarita Stolbizer en una entrevista por Radio del Plata. 

“Ese es el discurso del gobierno. Hablan en contra del Estado y resulta que le asignan a la inteligencia del Estado $100.000 millones”, insistió la diputada.

También desde la Coalición Cívica quedaron muy enojados con la medida tomada por decreto. Los diputados de ese partido decidieron presentar un proyecto para “invalidar y declarar la nulidad absoluta e insanable” de esa asignación.

“No hay motivos que justifiquen esa decisión: si pretenden fortalecer las funciones de la nueva Secretaría pueden hacerlo de manera transparente y no aumentando un 3.131% los gastos secretos y discrecionales que dieron origen a las más oscuras operaciones de inteligencia, impunidad y corrupción desde el retorno de la democracia”, dijo el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro.

A pesar de pertenecer a distintos partidos políticos, tanto Margarita Stolbizer como Maxi Ferraro pertenecen al bloque parlamentario Hacemos Coalición Federal, que en la discusión de la Ley Bases facilitó que el presidente Javier Milei contara con facultades excepcionales para adoptar medidas como la que tomó. Si lo del jefe de Estado es jurídicamente válido, lo de los legisladores que primero le dieron margen para hacerlo y ahora se quejan de ello parece un contrasentido.

En los considerandos del DNU se justifica tal asignación de fondos para permitir "solventar, inicialmente, las acciones para la reorganización del Sistema de Inteligencia Nacional y el adecuado funcionamiento de los referidos organismos desconcentrados que lo integran”.

Sin embargo, la suma autorizada (casi 108 millones de dólares al tipo de cambio oficial) despertó las críticas de muchos sectores, sobre todo después de que la falta de dinero fuera el argumento a partir del cual el Gobierno desfinanció y disolvió muchos organismos públicos.

Por caso, el “reordenamiento” del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), que su presidente Carlos Luis Pirovano justificó en la necesidad de eliminar un déficit de 4 millones de dólares, representa poco más de un 3% de los recursos entregados a la SIDE.

De la misma manera, el cese del alquiler de inmuebles para distintas dependencias anunciado este jueves por el Gobierno Nacional reportará al Estado un ahorro de $ 2.300 millones en todo el año, apenas 2% de lo que insumen los fondos reservados.

Entre los organismos que deberán achicarse y en algunos casos cerrar sucursales, con la consiguiente afectación a sus servicios, están la Secretaría de Turismo y Deporte, Superintendencia de Servicios de Salud, Secretaría de Industria y Desarrollo, ANSES, AFIP, Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), INADI, ENARGAS, Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), Migraciones, Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Policía Federal Argentina y ENACOM, entre otras.